Señor director:

El gobierno de la Presidenta Bachelet ha anunciado una millonaria inversión en materia de cárceles concesionadas en Calama, Copiapó, Valparaíso, Concepción y Temuco. Al respecto, surgen dos reflexiones.

La primera es que hasta hace poco la Concertación criticaba que la lucha contra la delincuencia no podía reducirse a "construir más y más cárceles". Sin embargo, existe consenso de que el modelo de cárcel pública tradicional está en completa crisis -tal cual lo ha declarado la Corte Suprema- y que los establecimientos concesionados pueden significar una eficaz herramienta de rehabilitación. Se lamenta, entonces, el haber desperdiciado estos últimos cuatro años en materia carcelaria. Recordemos que el Presidente Lagos prometió 10 cárceles concesionadas para marzo de 2006 y a marzo próximo tendremos sólo seis operando.

Luego, es importante resaltar que el anuncio de nuevas cárceles concesionadas es el triunfo de la idea de que los particulares pueden realizar de mejor manera muchas de las tareas que actualmente realiza el Estado, permitiéndole a éste enfocarse en materias que le son propias. Para ello, los gobiernos de la Concertación, ante las irrefutables bondades del sistema de cárceles concesionadas, han debido superar una gran cantidad de fricciones y críticas internas de carácter ideológico -incluso dentro de sus propios parlamentarios- para sacar adelante este modelo.

Lo importante, en adelante, es avanzar en esta agenda, pero no sólo a través de la creación de infraestructura, sino también superando la falta de coordinación, planificación e información existente entre los actores que en la actualidad -y de manera dispersa- luchan contra la delincuencia.

Rodrigo Delaveau Swett
Director Programa Justicia
Libertad y Desarrollo