Dieciocho países de Iberoamérica, entre ellos Chile, se comprometieron a aplicar medidas para reducir en un 50% las muertes por accidentes viales en los siguientes diez años, tras firmar la declaración del II Encuentro Iberoamericano y del Caribe sobre Seguridad Vial.

En el encuentro, donde participaron más de mil personas de 29 países, las naciones firmantes destacaron que la seguridad vial es una "obligación ética y política" para los responsables de las políticas públicas.

El documento "Declaración de México para la Seguridad Vial: la ruta para salvar vidas en Iberoamérica y El Caribe" fue firmado, además de Chile, por México, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, España, Ecuador y El Salvador, entre otros países.

La declaración establece cinco líneas: la gestión de la seguridad vial, la educación de los usuarios, el mejoramiento de la infraestructura, la seguridad de vehículos y la atención prehospitalaria, explicó el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la cancillería mexicana, José Antonio Zabalgoitia.

Durante la clausura del encuentro, en la sede de la cancillería mexicana, el subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández, afirmó que su país ha decidido enfrentar este problema, que "es la sexta causa de muerte en la población general y la primera en jóvenes, con el agravante de la discapacidad y los daños materiales".

Indicó que para atender el problema se elaborará un programa de acción específico, "el primero en su tipo en la historia del país, encaminado a sentar las bases de una cultura de seguridad vial".

En América Latina y el Caribe la tasa de fatalidad vial per cápita es la más elevada del mundo, con 26 fatalidades por cada 100 mil habitantes y un total de 130 mil muertos y 6 millones de heridos cada año.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los accidentes viales en Latinoamérica son la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años y la segunda para aquellos de entre 5 y 14 y en algunos países representan un gasto de entre el 1 y 2 por ciento de su Producto Interior Bruto.