Se dice a menudo, usualmente en tono elogioso, que el nuestro es un país legalista, vale decir, preocupado de apegarse a lo que diga la norma. Y es bueno que así sea, porque sin leyes no hay sociedad, y sin sociedad estamos todos fritos (ni siquiera seríamos, en rigor, del todo humanos, dicen tanto los filósofos como los antropólogos).

Pero también es verdad que el hiperlegalismo es una manifestación como cualquier otra de cierta propensión al exceso. Porque una cosa es procurar que las leyes pongan límites sensatos y ordenen la sociedad, y otra creer que debe haber leyes para regular todas las interacciones entre la gente, todo comportamiento posible o toda eventualidad que surja de la convivencia entre personas que comparten un espacio, en privado o en público.

En este sentido, tal vez el concejo municipal de Antofagasta esté hilando demasiado fino al proponer que se califique como falta grave hablar en voz alta en la vía pública después de las 11 de la noche, con multa de 2 UTM. Se trata, dicen sus impulsores, de una medida para combatir la contaminación acústica, pero de inmediato se percibe que la norma traerá más problemas a los antofagastinos que alivio a sus oídos. Porque, ¿quién define -en cantidad de decibeles- lo que es "hablar en voz alta"?
Prevemos que los concejales serán los primeros en tener que recurrir a la nueva norma, cuando un tropel de vecinos -enojados, pero sigilosos- se planten bajo sus ventanas, a medianoche, y de improviso estallen en coro: "¡¿Adónde la vieron?!". (MOJ)