Algunas semanas antes de prestar declaración ante el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, Patricio Cordero (62) entró al quirófano por tercera vez en tres años por culpa de un cáncer al riñón diagnosticado en 2012. Primero, le habían extirpado uno de ellos; seis meses más tarde, le habían extraído tumores del riñón restante y, finalmente, en abril pasado, le sacaron nuevos quistes del lugar donde solía estar el riñón retirado en la primera cirugía. De ahí que el administrador público de la Universidad de Chile explicara a la fiscalía que su estado de salud era frágil. En contraste, sus palabras serían potentes, al punto que Toledo decidió dejarlas en secreto hasta ahora.

El equipo de persecutores de la Sexta Región venía esperando su testimonio desde los primeros días de abril, cuando el apellido Cordero apareció en la investigación por presuntos delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho. Su rol no era claro, pero se le percibía como cercano a Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon -esposa de Sebastián Dávalos y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet- en Caval Limitada, y como uno de los intermediarios en el negocio de los tres predios de 44 hectáreas ubicados en Machalí. Poco después de que se hiciera pública su participación, Natalia Compagnon aseguró en su primer testimonio ante Toledo que la mitad de las utilidades del negocio se las repartirían entre Cordero y el gestor inmobiliario Juan Díaz. Ambos se conocían desde hace años como militantes UDI.

“Ese acuerdo lo realizó Mauricio (Valero) y yo no participé, pero lo acepté, aunque me pareció injusto, porque nosotros pusimos la cara y nuestro patrimonio, y ellos sólo cooperaron en traer el negocio”, dijo Compagnon, que además recalcó el nexo de los dos personajes con la UDI para poner en duda sus intenciones. “Ahora puedo pensar que se nos ofreció un excelente negocio, pero, además, que se pudo haber empleado para hacernos daño a mí y a mi familia, atendida la exposición que nos acompaña”, agregó.

Cuando Cordero se sentó a dialogar con los fiscales, al mediodía del martes 19 de mayo, enfrentó las insinuaciones de Compagnon en sus primeros minutos de entrevista, refiriéndose a su trayectoria como militante del gremialismo. Aunque su hermano Luis había sido uno de los fundadores del partido, Cordero aseguró no haber sido un militante activo, pese a que alguna vez integró una lista encabezada por José Antonio Kast para la presidencia de la tienda y a haber trabajado en ambas campañas presidenciales de Joaquín Lavín.

Al ex ministro lo conoció en los años 80. Fue  su administrador municipal en sus distintos períodos como alcalde de Las Condes y Santiago y juntos crearon Banigualdad, la fundación de microcréditos en la que actualmente trabaja Cordero, en el cargo de gerente general, por un sueldo líquido de $ 4,6 millones.

La participación de Cordero en la trama de Caval comienza en 2009. Fue ese año cuando conoció a Mauricio Valero, entonces gerente general de la empresa Tech Data. Isaac Givovich -esposo de Asunción, hija de Joaquín Lavín, quien fue condenada recientemente por giro doloso de cheques- tenía un proyecto para equipar salas de clases de colegios y universidades con computadores y llevó a Cordero a una reunión en las oficinas de Tech Data. “Por esa vía nos conocimos. Era una persona agradable y mantuvimos el contacto de forma esporádica”, señaló Cordero.

La iniciativa no prosperó, pero a partir de ese encuentro, Cordero se volvería testigo privilegiado de los proyectos de Valero y luego socio comercial de la empresa que éste formaría con Natalia Compagnon: Exportadora y de Gestión Caval Ltda.

Las primeras operaciones

Valero ya estaba fuera de Tech Data cuando comenzó a frecuentar a Cordero en las oficinas de Banigualdad. Habitualmente iba después de las 5 de la tarde. Acerca de esas reuniones, Cordero habría referido que Valero siempre buscaba oportunidades, pensaba grandes negocios “sin respaldo”, en los cuales sólo aportaba sus ideas. Luego de una fallida entrada al rubro de la construcción en Talca, Valero le habló de su interés en las concesiones hospitalarias.

A través de Caval, Valero comenzó a asesorar a la empresa Saydex en marzo de 2012, ofreciendo respaldar sus ofertas para diversos hospitales, como el San Borja Arriarán, Maipú y la Posta Central, Rancagua, Talca y Concepción, con su trayectoria en el rubro de la tecnología. Entonces, Cordero le mencionó que conocía a Nibaldo Mora, entonces director del Servicio de Salud Central Metropolitano, y que podía fijar una reunión entre los tres. Anteriormente, Mora había trabajado en Redes Asistenciales, como jefe de gabinete del subsecretario Luis Castillo, durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Cordero señaló que fue el mismo Valero quien lo invitó a participar como asesor en la materia, a cambio de $ 50 millones por sus gestiones. También se refirió al interés económico que Mora tenía en la operación. “Me consta que Mauricio Valero le hacía llegar dinero en efectivo. En una de las reuniones en las que estuve presente, Valero acordó pagarle la suma de $ 25 millones por sus gestiones”, dice Cordero, en una acusación que, de resultar cierta, podría significarles cargos de soborno y cohecho a Valero y Mora, respectivamente.

Finalmente, Saydex ganó las licitaciones del San Borja y la Posta mediante el procedimiento de Grandes Compras. Antes, había firmado un contrato anexo con la empresa que se adjudicó el Hospital de Maipú. De acuerdo a la versión de Cordero, “la licitación fue adjudicada a Saydex, pero esto pasa por un comité de evaluación y no fueron relevantes las reuniones”. Pese a esto, la empresa informática le pagó a Caval los         $ 170 millones que se habían pactado por sus servicios.

En su propia declaración, Juan Rodríguez, gerente general de Saydex, aseguró no conocer las gestiones que realizaba Valero para promover a la empresa. “Tampoco preguntaba, ya que como se iba a cancelar de acuerdo al resultado, no era necesario”, declaró ante la fiscalía. Consultado al respecto, Rodríguez asegura que han colaborado con el Ministerio Público desde el primer momento y aclara que ellos habían suscrito 50 contratos con distintos servicios de salud pública entre 2003 y 2011, antes del contrato con Caval, y otros 20 entre 2012 y 2015.

“Empezamos los procesos técnicos varios meses antes de Valero, con las pruebas conceptuales del software ante más de 100 personas”, explica.

Por esa época, Caval también mantenía negocios con el empresario Gonzalo Vial Concha. Según testimonio de Cordero, uno de los servicios correspondía a asesorías comunicacionales para revertir la visión negativa que la comunidad de Freirina tenía sobre la planta de Agrosuper. Fue él quien le recomendó a Valero que le asignara esta labor al gestor inmobiliario y antiguo operador político de la UDI Juan Díaz. Los tres se reunieron y Valero le dio el visto bueno al “Gatito” Díaz, quien pidió $ 47,5 millones por el trabajo. Este monto le fue entregado a través de una sociedad de Cordero, Lo Beltrán Ltda., en dos cheques, el primero en agosto de 2012 y el segundo en marzo de 2013.

Por su asesoría para enfrentar el tema de Freirina, Cordero menciona también haber recibido el mismo monto que Díaz.

Hay otra revelación de aquel primer año de Caval que podría tener consecuencias judiciales para sus implicados, ya que Cordero confiesa haber suscrito dos contratos antedatados junto a Valero, para que este último “justificara gastos” y “eludiera impuestos”. El primero fue fechado en marzo de 2012 -aunque en realidad fue firmado a comienzos de 2013- por $ 270 millones y se refería a asesorías comerciales en proyectos de gestión minera y financiera. Estos nunca se prestaron. “La verdad es que ahora puedo decir que fue una cifra que puso Valero para justificar las facturas del año 2012, las cuales consiguió fraudulentamente, sacándolas de mi contabilidad”, aseveró Cordero, apuntando a la querella por falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil que presentó en contra de Valero y de su propio contador, Roberto Castro, quienes se habrían concertado para incorporar 19 facturas de Lo Beltrán a los libros de Caval.

El segundo contrato está fechado en marzo de 2013, pero habría sido pactado a fines de ese año, por $ 20 millones.

Los enredos de Machalí 

Las reuniones en diferentes cafés de Providencia se hicieron habituales para el trío compuesto por Cordero, Valero y Díaz. La relación de estos dos últimos se había fortalecido después de las gestiones en Freirina y fue así como el “Gatito” llegó a ofrecerle los terrenos en Machalí que el síndico Herman Chadwick buscaba liquidar en el marco del convenio judicial preventivo de la familia Wiesner. Cordero expresó que a fines de 2012, en uno de esos cafés, surgió el tema y comenzaron las negociaciones. De acuerdo a su testimonio, su participación se limitó a revisar una de las cartas-oferta que Valero le envió a Chadwick. Eventualmente, el síndico aceptó su oferta de $ 6.500 millones.

Los problemas que tuvo Caval para conseguir el crédito son conocidos. Ante el fiscal Toledo, Cordero indicó que Díaz se enojaba con Valero por las continuas demoras y los créditos denegados por bancos como el Santander o Scotiabank. “Valero le dio a entender a Díaz que la única opción que tenían era la negociación de Natalia con el Banco de Chile. En esa reunión yo estaba presente”, manifestó el ex administrador.

Lo más controversial del testimonio de Cordero tiene que ver con la solicitud del crédito al Banco de Chile. Pese a que tanto Natalia Compagnon como Andrónico Luksic negaron cualquier intervención de la Presidenta Bachelet en sus respectivas declaraciones, Cordero habría entendido otra cosa de Valero y Díaz.

“Debo señalar que de las conversaciones, Mauricio Valero, aunque no lo decía expresamente, siempre daba a entender que para obtener el crédito debían recurrir al contacto de la entonces candidata presidencial y suegra de la socia de la empresa Caval, la Presidenta Michelle Bachelet. Valero decía que habían llamado a la ex Presidenta, pero no podían comunicarse, porque ella estaba recorriendo Chile como candidata. Pero Natalia comentó que la ex Presidenta trataría el tema con Andrónico Luksic el día de la entrevista en Canal 13. Todo esto, reitero, según dichos de Valero”.

Cordero todavía no conocía a Natalia Compagnon, por lo que nunca escuchó directamente de ella que Bachelet hubiera jugado algún papel en la petición de la cita del 6 de noviembre de 2013, cuando Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, se reunieron con Luksic. “Sé por Juan Díaz, no sé quién le dijo eso a él, probablemente Valero, que Bachelet se había comprometido a hablar con Luksic”, agregó.

Los cafés se sucedieron, pero Cordero señala haberse sentido paulatinamente desplazado, pues Juan Díaz no quería tratar el tema de la repartición de las ganancias con él presente. Solamente siguió reuniéndose separadamente con Valero y Díaz. Cordero afirma que nunca participó de la repartición de utilidades. “Díaz me dijo que parte de la venta, al menos 400 millones, iban a corresponder a Herman Chadwick”, manifiesta Cordero en su testimonio. Ya cerca del pago del crédito, apareció la oferta de Silca, la sociedad del empresario rancagüino Hugo Silva.

Valero seguía teniendo la idea de desarrollar los terrenos y que estaba en tratativas con Cencosud. A instancias de Díaz, Cordero trató de corroborar si esto era cierto con sus contactos en la compañía de retail y logró agendar reuniones con “un gerente de apellido Krause”. A la segunda reunión asistieron Díaz y la arquitecta Cynthia Ross, a quien Cordero no conocía previamente: “Con el paso del tiempo me enteré de que Díaz y ella trabajaban juntos mucho antes en otros proyectos (…). Sé que Díaz le pagaba un adicional a Ross de su sueldo. Es decir, Juan Díaz le pagaba al menos durante el año 2013 por hacer las tareas necesarias en pro de los encargos relacionados en la Municipalidad de Machalí para obtener el cambio al plan regulador”.

Algunas semanas después, Cencosud habría respondido que rechazaba el negocio.

De acuerdo a Cordero, a esas alturas, Díaz mantenía “una estrecha relación” con Compagnon. Durante el segundo semestre de 2014, ambos trabajaron juntos para la CCU. “Incluso, Natalia le dijo que estaba apurada de plata, que no tenía trabajo, ante lo cual Juan Díaz le prestó $ 44 millones, lo que se sumó a su asesoría de $ 300 millones, que era lo que le correspondía por CCU. Se fueron deteriorando las relaciones hasta que terminaron peleados a muerte. Esto fue tres o cuatro meses antes de la venta a Silca, en enero de 2015”, dijo Cordero.

Plan de contención  

Juan Díaz habría estado tan molesto que fue hasta La Moneda a hablar con Cristián Riquelme, el director administrativo de Palacio. Su idea, según Cordero, era llegar hasta la Presidenta para decirle que su nuera lo había estafado. “No sé cómo le fue”, cuenta Cordero.

Luego de la publicación de revista Qué Pasa, en cuyas páginas se revelaron los detalles del negocio de Machalí y la solicitud del crédito al Banco de Chile, Cordero describe la constitución de un “comité de crisis” encabezado por los abogados Francisco Feres e Isidro Solís. Ambos eran conocidos de Juan Díaz. De hecho, Solís había defendido a Díaz en 2007 de una querella interpuesta por su ex socio Patricio Salomón.

Ambos juristas quedaron en diferentes roles. Mientras Feres asumió como representante de Dávalos junto a Alvaro Morales, Solís quedó como “asesor formal” de la defensa de Compagnon. Ambos consideraron que era mejor mantener defensas separadas. Cordero también habla de coordinación con otras defensas, específicamente la de Díaz.

“Hicieron un pacto entre Feres y Díaz, quienes se conocían desde el caso Spiniak. Feres llama a Díaz un domingo en la tarde y le dice que tienen que salvar la situación de Sebastián Dávalos, más que la de Natalia. Se juraron lealtad eterna, ‘o nos salvamos todos o no se salva nadie’. Esto fue lo que me comentó Díaz. Por lo anterior, me doy cuenta de que Feres es el protector de Dávalos y esa es su función. Natalia no está dentro del contexto de esa protección”, reza la declaración.

Cordero recién conoció a Compagnon una vez desatado el escándalo. Como su relación con Díaz estaba cortada, ella quería pasarle el mensaje de que Silca quería resciliar su contrato por los terrenos de Machalí luego de que el negocio se conociera públicamente. Cordero abordó este problema en varios cafés, durante marzo de 2015, con Valero y Díaz. “Estábamos muy sorprendidos con todo lo que estaba pasando. Juan Díaz tenía un cheque en garantía de Caval por $ 800 millones. Valero se lo cambia por un error en la cifra, a petición de Díaz, pero ellos habían hablado antes, ya que el cheque Valero lo traía listo. Ahí me entero de la existencia de ese cheque a nombre de Díaz por el monto ya referido. Me llamó la atención, pero no me extrañó, pues hice el cálculo mental de que ese cheque contemplaba el pago de terceros. Nunca pregunté, porque no estaba siendo partícipe de este negocio”, señala Cordero.

Hacia el final del documento, Cordero insiste en que la versión de Compagnon es falsa, que él nunca recibiría la mitad del dinero entregado a Díaz. Que tampoco conoce a otros actores involucrados en el negocio, como Sebastián Dávalos, Victorino Arrepol, Sergio Bustos o Andrés Levine. Finalmente, dejó 13 facturas de su empresa Lo Beltrán emitidas a Caval entre 2012 y 2014.

Luego de siete horas de declaración, Cordero se retiró de la Fiscalía de O’Higgins. Su testimonio fue decretado “secreto” en tres oportunidades y su contenido íntegro podría ser conocido por los intervinientes en el proceso recién en las próximas semanas. La información contenida en ella generó una serie de diligencias y nuevas citaciones, es decir, un montón de preguntas que todavía esperan respuesta.