LA INCORPORACION de Chile a la Ocde fue importante. Ello permitió el desarrollo de estadísticas comparables con las de los países desarrollados y ayuda a adecuar y reformular los objetivos económico-sociales. No obstante, cuando se da a conocer un documento como el estudio que comentamos, es importante tener en cuenta que su enfoque analítico no está ajeno a visiones ideologizadas que inciden en el análisis. La Ocde fue un adalid de la liberalización extrema sufrida por algunos países desarrollados y, en consecuencia, algunas de sus proposiciones incidieron en el surgimiento de la crisis financiera internacional.

Esta visión ideologizada aparece en algunos diagnósticos y en las recomendaciones que la institución hace al país. Para la Ocde, Chile se beneficia al contar con un sistema "bien desarrollado" de cuentas previsionales individuales, sin considerar el bajo nivel de las tasas de reemplazo, el uso concentrado de los recursos acumulados, las altas comisiones y las desconfianza generalizada de la población en el sistema. Llama la atención, igualmente, la propuesta reiterada de transformar las instituciones reguladoras en entidades autónomas respecto del poder político democrático, sin tomar en consideración la mayor exposición de las entidades autónomas a su captura por parte del regulado.

Las instituciones internacionales tienden, en general, a transmitir la visión del gobierno de turno. Es así como el informe considera envidiable el crecimiento de la economía chilena, sin tomar en cuenta que las altas tasas de crecimiento de los años 2010-2012 fueron resultado de factores coyunturales (el terremoto del 2010, el rebote de la economía frente a la caída del PIB en el 2009 y el dinámico funcionamiento de la economía china). Pasados estos efectos, el crecimiento económico vuelve al 4% promedio histórico de los últimos 50 años. Más aún, el análisis no aborda críticamente la persistencia de algunos problemas que siguen sin resolverse: el estancamiento de la productividad, el problema energético, la falta de resolución de la conflictiva relación entre crecimiento y medioambiente o la mala calidad de la educación. Llama también la atención el elogio a la política de apoyo al emprendimiento, el cual es claro no ha generado frutos perceptibles en el mundo de la pyme.

En relación con las recomendaciones, el énfasis en las fortalezas fiscales puede leerse con facilidad como un misil contra la reforma tributaria propuesta por Bachelet. Algo similar ocurre en relación con la idea de educación gratuita, que sin fundamento explícito es considerada regresiva, ignorando el argumento reiterado de que ella se financiará con un sistema tributario progresivo. En el campo laboral, el informe nada dice sobre los pocos derechos que tienen los trabajadores y la casi inexistente negociación colectiva.

En este contexto, es positiva la fuerte crítica que ejerce el organismo sobre el carácter regresivo del sistema tributario nacional, aun cuando se deja llevar por la ilusión de que el combate a la evasión y la elusión, siempre necesaria, pueda reemplazar una reforma tributaria potente, que permita dar un salto en educación, salud, desarrollo productivo e innovación, vivienda y pensiones.