"Medidas urgentes y efectivas", pide la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay para proteger a los civiles en Siria frente a la violencia y represión del régimen de Bashar al Assad.

En la apertura de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación en Siria, Pillay subrayó que si no se detiene la violencia "despiadada" del gobierno sirio el país está abocado a "una guerra civil en toda regla".

"Todos los actos de asesinato, tortura y otras formas de violencia deben ser inmediatamente detenidos. Todos los prisioneros de conciencia y los detenidos de manera arbitraria deben ser puestos en libertad", agregó la alta comisionada.

Pillay añadió detalles a las cifras de víctimas por la represión, que ayer situó "de manera conservadora" en 4.000 fallecidos, y explicó que "más de 14.000 personas están detenidas" y que "al menos 12.400 han buscado refugio en países vecinos, con decenas de miles más que han resultado desplazados en el interior del país".

La representante de la ONU también expresó su preocupación por "los crecientes ataques armados de las fuerzas de oposición, incluido el denominado Ejército Libre de Siria, contra militares sirios y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado".

Pillay pidió al país norteafricano que permita la entrada de observadores de la Liga Arabe, especialmente a los centros de detención, y reiteró la petición para que Damasco permita la entrada a la comisión independiente de investigación de la represión.

El informe, dado a conocer el lunes por esa comisión, que concluyó que se han cometido crímenes contra la humanidad con la aquiescencia del gobierno, motivó la convocatoria de esta sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. El contenido del informe fue rechazado por el embajador sirio, Faisal al-Hamwi, que aseguró que "la comisión ha caído en la misma trampa que otras comisiones que la antecedieron". Sus conclusiones "carecen de objetividad y credibilidad" y solo sirven "para echar más leña al fuego" en Siria, dijo Al Hamwi.

El representante sirio ante el Consejo argumentó que "los problemas de Siria no podrán ser solucionados mas que por los sirios" y que la solución "no puede ser importada o suministrada por países que no quieren resolver los problemas de Siria".

Siria recibió el apoyo del grupo de países de la Alianza Bolivariana para las Pueblos de América (ALBA), formada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda.

Valeri Loshinin, embajador de Rusia, denunció que "el conflicto es alimentado por fuerzas del extranjero" y que son "grupos extremistas y terroristas mantenidos con dinero y armas del exterior" quienes atizan la inestabilidad en el país.

Rusia, aliado tradicional de Siria, se expresó en contra "de una injerencia ilegítima de fuerzas del exterior, incluso bajo el pretexto de proteger a la población civil".

Lo contrario supondría "una catástrofe de consecuencias imprevisibles", dijo el embajador Loshinin.

La embajadora estadounidense, Eileen Chamberlain Donahoe, instó al régimen de Bashar al Assad a asumir que "ha llegado la hora de poner fin las flagrantes violaciones de derechos humanos de su pueblo y de apartarse del camino para que Siria pueda llevar a cabo una transición pacífica y democrática".