LA APROBACIÓN de la reforma educacional ha generado coletazos en la Concertación. Algunos ven el apoyo brindado a la iniciativa como un acto de cogobierno que revela una inaceptable claudicación frente al oficialismo.  Y aunque el acuerdo incluye aumentos considerables de recursos para la educación municipal, los críticos lo consideran una forma de traición a la educación pública, cuya defensa debiera inspirar a la Concertación.

Entre renuncias y cuestionamientos a la continuidad del bloque opositor se trasluce una confusa incomodidad frente a una definición fundamental del presente: ¿Qué significa ser oposición en democracia? ¿Hasta dónde es deseable y posible coordinar y consensuar definiciones comunes respecto de todas las iniciativas gubernamentales? ¿Deben la DC y los otros partidos subordinar su apoyo a los proyectos del Ejecutivo al visto bueno de sus socios concertacionistas?
Las preguntas anteriores, siendo importantes, palidecen frente a la principal: ¿Debe la oposición sumarse de buena fe a la búsqueda de acuerdos transversales en torno a los proyectos emblemáticos de la Administración Piñera o debe preferir usar su peso legislativo para bloquear al gobierno, aun a riesgo de dañar la capacidad de generar avances en materias importantes para el país?

Por cierto, poner de acuerdo a partidos diversos -y al interior de éstos- es más simple cuando las inevitables diferencias iniciales se subordinan a un programa de gobierno común bajo un liderazgo presidencial capaz de dirimir y exigir disciplina en torno a sus definiciones. Eso hizo, y bastante bien,  la Concertación por 20 años. Pero hoy, cuando no existen el  programa ni La Moneda para dirimir y ordenar, afloran sin mayores filtros las diferencias antes disimuladas. Por ello, será muy trabajoso, sino imposible, que partidos de oposición afinen propuestas comunes en todos los temas e impongan coordinación monolítica entre sus parlamentarios.

Con todo, resignarse a la anarquía de una libertad de acción sin reglas ni límites equivale a transformarse en una oposición débil, mercenaria e incapaz de influir en el debate. El dilema del "ser" oposición hoy debe tener presente otras tres consideraciones. Primero, la opinión pública castiga el obstruccionismo ciego. En segundo término, y desde la perspectiva de la ética política, no parece aceptable negarse a acuerdos beneficiosos para el país sólo para impedir que el gobierno se atribuya los aplausos. Finalmente, y entre dos bloques que previsiblemente alternarán el gobierno en el futuro, la disposición a llegar a consensos hoy favorecerá la reciprocidad mañana.

En suma, la oposición debe definir aquellas áreas de las políticas públicas en las que espera influir decisivamente, presentar alternativas e involucrarse en negociaciones de buena fe. Y los acuerdos logrados deben ser comunicados como la virtuosa convergencia entre dos bloques para resolver temas de importancia nacional.  Quizás si se hubieran explicitado con claridad ante la opinión pública las notables diferencias entre la propuesta inicial del ministro Lavín y el texto que finalmente será ley, habría menos concertacionistas autoflagelantes y muchos más reconociendo positivamente cómo se puede y debe influir desde la oposición para abordar los temas esenciales del país.