Pamela Pereira es una histórica abogada de derechos humanos. Ha participado en casos relevantes como el asesinato del general Carlos Prats y fue parte de la mesa de diálogo entre 1999 y 2000, instancia donde miembros de las Fuerzas Armadas de la época entregaron antecedentes sobre detenidos desaparecidos. La profesional, que ahora ejerce la docencia en la Universidad de Chile, tiene una mirada crítica respecto al rol que ha tenido el Poder Judicial y el Ejecutivo en las investigaciones.

¿Cómo ve la situación actual de las indagatorias sobre violaciones de los derechos humanos?

Es efectivo que aparece un cierto avance cada vez que se produce alguna nueva noticia sobre un caso, pero la verdad es que tengo una opinión bastante crítica de los tiempos que ha demorado el Poder Judicial en llevar adelante estas investigaciones y hacer justicia respecto de quienes tienen responsabilidad en estos hechos. Para quienes somos familiares de víctimas,  ha sido una eternidad lo que han demorado estas causas, existiendo los antecedentes para procesar y condenar.

¿La gran cantidad de causas abiertas evidencia una demora?

Este es un tema que tiene una historia muy larga y es cierto que el ministro Mario Carroza es una persona que ha llevado adelante con esfuerzo esta situación, pero insisto, tengo una crítica fuerte al Poder Judicial por cuanto no se ha colocado el personal,  la colaboración de las policías y los recursos suficientes para sacar de una vez por todas estas causas y dictar las sentencias condenatorias que corresponden.

¿Debe haber un llamado institucional de las FF.AA. para romper estos pactos de silencio?

Acá un tema institucional. Eso se discutió bastante en la mesa de diálogo sobre que el mando institucional debe entender que este es un tema que no se va a agotar nunca, mientras no exista toda la información y no se haga justicia. Si alguien cree que porque va a pasar el tiempo habrá olvido, no entiende la naturaleza humana. Pretender que una madre, hijo o hija olviden estas situaciones es ir contra la realidad de la vida. Tiene que existir  una voluntad política, judicial, del parlamento y todos los actores, de apoyar que se lleven adelante todas estas investigaciones.

¿Qué falta para que esta señal se concrete?

Por una parte, que el gobierno expresara su voluntad de hacer todos los aportes en recursos y personal que lleve adelante estas causas. hay una institucionalidad bastante reducida.  En cuanto al Poder Judicial, no es posible que uno o dos jueces indaguen un enorme volumen de causas por más que tengan a o b secretarios o personal trabajando, sino que tiene que haber una capacidad de trabajo suficiente para hacer avanzar estos procesos.

¿Debería aumentarse la dotación policial que indaga estos casos?

Si hubieran mas jueces investigando, por supuesto que deberían haber más policías. A mi lo que me molesta es que no hay la disposición política de facilitar todos estos mecanismos. Algunas causas avanzan, pero no sabemos lo que pasa con la totalidad.

¿Basta con el llamado que ha hecho la Presidenta Bachelet y los ministros para terminar con los pactos de silencio?

No es suficiente.

¿Corresponde terminar el secreto en los testimonios entregados en el informe Valech?

Es un tema que debo revisar más a fondo porque es delicado, dado  que tiene una mayor complejidad de los que algunos pueden imaginar. Si el Estado comprometió el secreto, es complejo que  desconozca esa reserva. Por mi, quisiera que toda la información fluyera y estuviera encima de la mesa. Es complicado que el Estado no cumpla con la palabra comprometida.

¿Esto se debe a que las víctimas entregaron su testimonio amparadas en esa reserva?

Claro. Creo que cualquier personas hoy día que quiera entregar información lo puede hacer, pero a priori no tengo una opinión de que deba ser levantado ese secreto, sin perjuicio que me hago parte del reclamo sobre conocer toda la información. Una cosa son los antecedentes que tienen las Fuerzas Armadas y otra es la información que determinadas personas entregaron bajo esta condición de secreto que les fue otorgada. O sea, las FF.AA. perfectamente podrían entregar la información que no está sujeta a esa reserva.