Cuando un funcionario público afiliado a una isapre presenta una licencia médica, es el servicio o ministerio público para el que trabaja el que paga la subvención. Luego, la entidad debe hacer efectivo el cobro de esta licencia en la aseguradora de salud correspondiente.

Sin embargo, según denuncia el diputado Fuad Chahín (DC), existen $44 mil millones en licencias médicas por incapacidad laboral que los organismos públicos no han cobrado a las isapres en los últimos cinco años.

"El Estado ha cobrado las licencias pagadas a sus funcionarios de forma parcial, en parte por la cantidad de trabas de las isapres para pagarlas. El problema es que después de cinco años estos fondos prescriben y pasan a formar parte del patrimonio de las isapres", afirma el parlamentario, jefe de la bancada DC de la Cámara.

Por esto, un grupo de diputados DC, liderado por Chahín, presentó un oficio a Contraloría para solicitar al organismo fiscalice el cobro de los dineros no restituidos por concepto de subvenciones. "Esperamos que la Contraloría fiscalice y exija a los ministerios y los servicios públicos cobrar a las isapres los montos de estas licencias", agregó.

Asimismo, informó que en marzo ingresó a la Cámara un proyecto de ley que busca obligar a las isapres a transferir los montos de las subvenciones por incapacidad laboral a las entidades públicas correspondientes, en un máximo de cinco días.