A mediados de este año, el Servicio Nacional de Menores (Sename) decidió actualizar y subir exigencias técnicas para el funcionamiento de las residencias administradas por organismos colaboradores.

Ello, luego de que su directora, Solange Huerta, revelara que de 2005 en adelante han fallecido 243 menores en centros dependientes de la entidad. "Este año se han realizado dos concursos públicos para centros de protección, uno en julio (ya cerrado) y otro en octubre (que está en proceso). En ambos se actualizaron las orientaciones técnicas, como parte del mejoramiento continuo que se brinda a los niños, niñas y adolescentes que son atendidos en dichos centros", explican desde el Sename.

Sin embargo, estas nuevas peticiones planteadas por el organismo podrían abrir un nuevo foco de conflicto.

Y es que algunas de las fundaciones que tienen a cargo estos centros colaboradores han planteado reparos, ya que se están aumentando las demandas, pero no la subvención, es decir, los fondos que se les entregan para mantener y trabajar con los menores. "Se formaliza, por ejemplo, tener manipuladores de alimentos, auxiliar de aseo, secretaria o administrativo a jornada completa y también un estafeta de reemplazo para fines de semana", explicó ayer el director ejecutivo de María Ayuda, Ricardo Evangelista.

Agregó que este es el primer cambio en términos de bases técnicas desde 2011. "En esa época era bastante básico en tema de infraestructura, de recursos humanos también era muy genérico y tenía especificaciones bastante abiertas en términos que no precisaba título profesional. Y mirándolo globalmente, es bueno que hayan cambiado las bases, porque se empiezan a idealizar cosas que son importantes".

Pero advirtió: "Pese a que sentimos que es bueno, hay algunas cosas que nos preocupan para seguir operando y funcionando con las mismas condiciones que tenemos hoy. Porque hay un aumento de exigencias y que pega fuerte en recursos humanos, pero que no viene aparejado con un alza en los recursos".

Otras de las exigencias dicen relación con la infraestructura. "Como la diferenciación de baños por edades, que no está espe- cificado, pero que en un centro pequeño puede producir problemas", subrayó.

Y hay temas que no son tan relevantes, pero sí curiosos, recalcó el ejecutivo de María Ayuda. "Como la exigencia de computadores con marcas, algo que nos parece un error de concepto. Pero, además, hay otros requerimientos, como que siempre tienen que estar en buen estado los televisores, los juegos y los materiales", comentó Evangelista, quien agregó que se están exigiendo equipos recreativos, sistema de refrigeración y bodega para atender a 20 plazas "algo que complica más el tema".

Desde la Fundación Ciudad del Niño, la jefa del Departamento de Colaboración y Desarrollo, María Teresa Sepúlveda, considera que los cambios son positivos. "Es el estándar que se requiere, pero los recursos no son suficientes y eso es una incoherencia", afirmó.

En ese contexto, agregó que la entidad recibe por parte del Estado un promedio de $ 460 mil por niño, "pero con las condiciones nuevas habría que invertir un millón de pesos, lo que significaría un aumento de un 60%".

Donde también están preocupados es en el Pequeño Cottolengo, que recibe a niños con discapacidad que han sido vulnerados.

Su director ejecutivo, Cristián Glenz, manifestó que la subvención que reciben vence en noviembre y hasta el momento no los han contactado. No formalmente, al menos. "Hace unos días recibimos un llamado informal para hablarnos de la posibilidad de aumentar en un 10% la subvención", explicó Glenz, quien añadió que para ellos eso se traduciría en $ 275 mil por niño. "Algo que no nos alcanza", dijo el ejecutivo, antes de añadir que las nuevas exigencias del Sename "no nos parecen".

Diputados divididos

Quienes también reaccionaron fueron algunos miembros de la comisión investigadora del Sename en la Cámara de Diputados.

"Que el gobierno les 'tire la pelota' a los hogares y les aumente las exigencias a las instituciones con la misma subvención es una muestra más de la total ineficiencia con la que se ha manejado a esta repartición, tanto a nivel administrativo como financiero", dijo la diputada RN Marcela Sabat.

Y agregó: "El sistema de protección no aguanta más improvisaciones del gobierno. Si se aumentan los requisitos, particularmente de personal, deben aumentarse los recursos. Más aún, si todos los diagnósticos apuntan a la atención de salud, las prioridades deben ir en esa dirección y no en personal administrativo".

Una opinión distinta tiene el diputado PPD Ramón Farías, quien indicó que "si se suben exigencias, es porque hay carencias. Si hay carencias, los niños estarán más vulnerables. Por lo tanto, cualquier exigencia que se les esté poniendo, significa que los niños estarán al nivel de lo que cada uno necesita".

Asimismo, dijo que "ellos tendrán que conversar lo de la subvención (para determinar) si con lo que reciben, más los aportes que tienen de privados, logran mantener la cantidad de niños que tienen".

Desde el Sename coincidieron con el diputado y apuntaron que los organismos colaboradores gestionan recursos propios, a los que se suman las subvenciones que varían dependiendo del programa, según la Ley 20.032 de 2005. "Es decir, el Sename no está facultado para disminuir o aumentar dichas subvenciones", aseguraron.