Acusación educacional

Marcela Cubillos


La acusación constitucional a la ministra Cubillos – que marcará, independiente de su resultado, el inicio de una nueva etapa en la gestión educacional de este gobierno – debiera servirnos para reflexionar en torno a cuál es el verdadero rumbo que ha ido tomando la agenda en esta importante área, considerando además que se ha cumplido ya un año de conducción de la actual ministra del ramo y que nos acercamos rápidamente al cierre de la primera mitad de la administración de Sebastián Piñera. Importante hacer este análisis poniendo el foco en cuál es el aporte efectivo que este ciclo de gobierno está haciendo al desafío de mejorar las condiciones en las que se produce el proceso educacional, responsabilidad central de las políticas públicas del sector.

En primer lugar, es evidente que el gobierno desechó hace rato la idea de que su aporte fuera implementar con dedicación, calidad técnica y sello propio las reformas que el país recientemente había resuelto democráticamente sacar adelante, abandonando con ello la oportunidad de aprovechar el impulso de cambio estructural más relevante que ha tenido nuestro sistema educativo en democracia. Por razones más políticas que propiamente educacionales, en este año y medio se ha optado más bien por una estrategia de implementación de bajo compromiso e intensidad y por un cuestionamiento permanente a las reformas, sin proponer alternativas sustantivas de reemplazo o modificación del fondo de estas transformaciones, lo que obviamente ha tenido efectos en la calidad con la que se están desplegando estas políticas.

Lo anterior ha podido apreciarse con claridad en la puesta en marcha del sistema de admisión escolar en la Región Metropolitana (la verdad es que, si no fuera por la presión y fiscalización que ejercieron diversos actores políticos y educacionales, hubiéramos visto menos información y más confusión que la que terminamos observando), en la ejecución de la Carrera Docente (donde se ha cumplido con procesos esenciales establecidos en la ley, pero no se aprecian esfuerzos visibles por enfrentar los desafíos de fondo que ésta abre, como el desarrollo de una nueva lógica de formación continua contextualizada o el fortalecimiento de la oferta de formación inicial de calidad) y también en la Nueva Educación Pública (aunque en el caso de esta última sus nuevas autoridades parecieran querer revertir dicho enfoque, lo que no parece fácil dada la obstinación del alma más contra reformista del gobierno y el Ministerio de Educación).

El desprecio general de una buena implementación de las políticas de largo plazo como eje central de la agenda educacional ha sido reemplazada por un conjunto de iniciativas de amplia presencia política y comunicacional, aunque de bajo o nulo impacto educativo. Son el tipo de iniciativas que Michael Barber – que paradójicamente estuvo hace algunas semanas en La Moneda debatiendo con las autoridades de gobierno sobre estos temas – denomina "reformas de controversia sin impacto", debido a la baja profundidad del cambio educativo que dichas estrategias proponen. Desde un punto de vista legislativo, "Aula Segura" y "Admisión Justa", son ejemplos prístinos de este tipo de políticas. Y salvo contadas excepciones, en el plano de las medidas administrativas o que no requieren ley, la situación es básicamente la misma: un largo listado de slogans con poca sustancia (#ChileAprendeMás, #AprenderATiempo, #YoSirvoEnlaEducación, etc.), lanzamientos semanales de nuevos o antiguos "programas", que en general reproducen una lógica que sabemos documentadamente no genera cambios significativos en las variables relevantes, y ejercicios comunicacionales también permanentes que intentan transmitir una sensación de actividad, pero que, dada su superficialidad, poco afectan y sirven al propósito de mejorar sustentable e integralmente la calidad de la educación.

La aplicación de este enfoque efectista y esencialmente comunicacional tiene un trasfondo que debiera preocuparnos todavía más: a casi dos años de iniciado este gobierno, no es posible apreciar un mínimo plan para el sistema educacional, que defina objetivos y acciones principales, que sea transparente para la ciudadanía y que comprometa resultados concretos y por tanto auditables por todos. El punto es que sin una estrategia de conducción educativa (el programa de gobierno no lo ha sido, en parte por la alta capacidad de improvisación de la ministra Cubillos) es muy difícil sostener un debate con sentido de cara al futuro. Más difícil es todavía hacer esto en un clima de evidente hostilidad, poca escucha y agresividad, todas marcas del estilo que la máxima autoridad del Mineduc le ha dado inéditamente a este cargo y su cartera. La oposición ha caído además con facilidad en este juego y no ha aportado, salvo un par de excepciones, a mejorar la calidad del debate. Como resultado, en la actualidad el país no está enfrentando ninguna discusión educacional sustantiva y lo poco que se discute se hace en un marco de profunda incapacidad para escuchar distintas posiciones y buscar alternativas de acercamiento que permitan mejorar la situación de nuestra educación.

De no modificarse este escenario, el período 2018-2021 pasará a la historia como una fase altamente controversial, pero irrelevante para el devenir del sistema educacional chileno. Hay dos caminos posibles en este contexto: seguir insistiendo con una agenda prioritariamente comunicacional, sobre ideologizada y de confrontación (como ha hecho casi en todos los planos el Mineduc hasta el momento) o intentar construir, para lo que queda de gobierno, una agenda de trabajo sustentable y de consenso, que analice y mejore la implementación de las reformas recientes, al mismo tiempo que avance en algunos temas de futuro. El difícil y confuso momento que atraviesa el sistema educacional es una oportunidad para que las autoridades corrijan el rumbo y evalúen la posibilidad de realizar un aporte significativo, con políticas a gran escala serias y en base a evidencia. Esto desafía a todas las partes y actores involucrados a abrirse a dialogar en torno a una agenda legislativa y administrativa para los próximos dos años, donde una de las prioridades, sin duda, debiera ser el fortalecimiento de la educación pública, en todos sus niveles. No se ve fácil, pues todo esto implica priorizar efectivamente la educación y no otros intereses ni objetivos. El Mineduc tiene, por cierto, la primera palabra.

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