Yo vengo del futuro y ese futuro es un infierno (Argentina). No queremos ese futuro”, señaló el economista José Luis Daza en su reciente paso por Chile. Y ese “infierno” se debió, entre otras causas, a distorsiones persistentes en la gestión del empleo público, que se prestaron para abusos de la política.

En menos de dos décadas, el empleo público pasó de 2 a 3,4 millones de funcionarios, lo que representaba en torno al 18% del empleo total, mientras que en Chile solo superaba el 10%.

Si en Chile gastáramos en empleo público lo mismo que Argentina en el año 2023, es decir, 10,7 puntos del PIB, deberíamos aumentar nuestro gasto en remuneraciones en US$ 13.000 millones (3,7 puntos del PIB). Esa cantidad de recursos nos permite hoy, por ejemplo, financiar la PGU para 2,5 millones de pensionados y prácticamente la totalidad de las subvenciones escolares que benefician a más de 3,2 millones de niños y jóvenes.

Dichos cálculos consideran el empleo público a nivel central, provincial y municipal de ambos países. Y aun ajustando por las diferencias que se organizan para la provisión de servicios públicos, la conclusión sería la misma.

La pregunta, entonces, es cómo se fue construyendo este preocupante desenlace. La Constitución argentina (artículo 14 bis) consagra la estabilidad del empleado público, una norma razonable en su origen, orientada a evitar desvinculaciones arbitrarias del personal permanente (por ejemplo, por razones meramente políticas). A su vez, la “Ley Marco del Empleo Público” distingue entre personal permanente, que ingresa por concurso, y personal no permanente, contratado a plazo definido. Hasta aquí, se trata de una definición equivalente a los cargos de planta y contratas definidos en nuestra legislación.

Con el tiempo, los tribunales argentinos comenzaron a considerar que la renovación sucesiva de contratos no permanentes daba origen a una relación laboral estable “de hecho”. Y, por lo tanto, no renovarlos pasó a interpretarse como un despido ilegal, con altas probabilidades de amparo y de reincorporación.

La judicialización sistemática, con sumarios largos, estándares probatorios exigentes y una doctrina consistentemente favorable al trabajador, significó que, en la práctica, sancionar se volviera más costoso que no hacer nada. La inamovilidad dejó de ser una anomalía y pasa a ser el equilibrio.

Lo anterior, sumado a la descentralización financiera a nivel provincial, sin los mecanismos de control adecuados y al deterioro progresivo de las instituciones, incluida la fiscal, solo profundizó la crisis del empleo en Argentina.

De esta forma, el mensaje para la administración pública fue claro: cuando gestionar tiene costo e ignorarlo no lo tiene, el “amarre” se transforma en equilibrio. Y la mala política se encargó de aprovecharse del mal funcionamiento del sistema.

Algo similar ocurrió en Chile con la interpretación ad hoc de la “confianza legítima”, primero por la Contraloría y luego por los tribunales de justicia. Una mala práctica que fue delimitada con precisión primero en sede administrativa (Contraloría) y luego por los tribunales. Que, por estar sujeta a interpretación, corre el riesgo de cambiar en el futuro.

Entonces, ¿qué podemos aprender en Chile de esta experiencia? La lección es incómoda, pero evidente: partir por cumplir la ley. Esto implica asumir que los contratos temporales son temporales, que la disciplina no es una opción y que la falta de probidad tiene consecuencias. Que las huelgas ilegales se sancionen y los días no trabajados se descuenten, sin excepciones. Que usar una licencia médica para irse de vacaciones no constituye una falta menor, sino una infracción grave que debe terminar en desvinculación. Que las evaluaciones de desempeño vuelvan a cumplir su función básica: distinguir el desempeño y no repartir calificaciones máximas para evitar conflictos.

En Argentina, comenzar a cumplir la ley y mejorar la gestión del empleo público han dado resultados concretos. Así, el FMI proyectó recientemente que el gasto en remuneraciones a nivel federal y provincial se reducirá en 2025 en 1,7 puntos del PIB respecto del nivel alcanzado en 2023.

En resumen, cuando la ley empieza a verse como una agresión, el problema no es la norma, sino el sistema que dejó de respetarla. Y, por lo tanto, no habrá reforma que la enmiende, por más estructural que esta sea, ya que se encargarán de incumplirla. Así, se construyeron los abusos y el “amarre” en el empleo público argentino.

Chile ha recorrido recientemente un camino con similitudes inquietantes con el pasado reciente de Argentina, pero aún estamos a tiempo de corregirlo y alejarnos de ese final: aquel “infierno” del que, desde el futuro, Daza nos envía una señal de alerta.