Opinión

Caos para la inclusión laboral

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SEÑOR DIRECTOR:

Como organizaciones expertas en inclusión de personas con discapacidad (PcD), estamos preocupadas por el proceso de comunicación electrónica del cumplimiento de la Ley 21.015, que las empresas realizan todos los años en el mes de enero.

Durante el 2023, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social definió una nueva interpretación de la ley 21.015 y modificó su reglamento, el cual se plasmó en el Decreto 36, del 3 de noviembre, afectando solo al sector privado.

Y no fue hasta el 20 de diciembre, que se publicó su respectivo dictamen, generando algunas de las siguientes modificaciones: la manera de calcular el 1% de trabajadores(as) con discapacidad exigido; el período de ejecución alternativa, ya que a partir de 2024 las empresas deberán donar o tercerizar en enero, en base a una proyección de cumplimiento de ese año; modifica también el plazo de donación para 2023, porque si las empresas no contrataron el 1% de PcD, podrán donar solo hasta este 31 de diciembre, contrariamente a lo informado en el nuevo decreto.

En síntesis, las empresas deberán donar en estos días por el incumplimiento de contratación de 2023 y, un mes después, hacer su declaración y posiblemente donar por el incumplimiento futuro del 2024.

Estas incertezas afectan al ecosistema en su conjunto: desincentiva la contratación de las más de 2,7 millones de PcD en nuestro país, contraviniendo todos los esfuerzos realizados, afectando a las más de 7.000 empresas exigidas por ley y a las organizaciones sociales que sostenemos procesos de alta complejidad. Procesos a los que el Estado no llega.

Hacemos un llamado al gobierno a generar una marcha blanca para la implementación de estos cambios. Estamos seguras de que el diálogo entre todos(as) los sectores pueden aunar las intenciones y que finalmente se cumpla el propósito de esta ley: la inclusión laboral.

María José Escudero, directora de Desarrollo e Incidencia de Fundación Ronda

Evelyn Contreras, directora de Incidencia de Avanza Inclusión

María José López, directora Ejecutiva de Fundación ConTrabajo

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