Chile exhibe uno de los mejores indicadores de esperanza de vida de la región: 81,6 años, medio año por sobre el promedio de la OCDE, según el informe Health at a Glance 2025 de la organización. Este dato suele leerse como un triunfo del sistema sanitario, y en parte lo es: refleja décadas de control de enfermedades transmisibles, reducción de la mortalidad infantil y ampliación de la cobertura. Pero vivir más años no es lo mismo que llegar a la vejez en buenas condiciones de salud, y ahí aparece la otra cara del dato, que la propia OCDE documenta con crudeza, Chile está hoy entre los países de la organización con mayor prevalencia de obesidad, por sobre el 30% de la población adulta, superando ampliamente el promedio OCDE (19%). Hace apenas un par de décadas esa cifra bordeaba el 10%, lo que sitúa a Chile entre los países donde este factor de riesgo creció con mayor velocidad en el mundo desarrollado. Es decir, esos años adicionales de vida se están ganando con una carga metabólica cada vez mayor, lo que se traduce en un costo sanitario creciente —más gasto en salud, público y privado— y en un costo económico, por la pérdida de productividad laboral asociada. El sedentarismo afecta al 40% de los adultos —sobre el promedio OCDE— y la prevalencia de diabetes alcanza 14%, frente a 8,8% en el bloque.

A esto se suma un factor demográfico que multiplica el problema, la población mayor de 65 años en Chile pasará de representar cerca de 13% del total actual a más de 25% hacia 2050, según proyecciones oficiales, lo que implica que este perfil de enfermedad crónica no sólo es más prevalente hoy, sino que afectará a una base de personas mayores cada vez más amplia.

Estos factores de riesgo no son estadísticas aisladas, son el motor de una demanda sanitaria que está golpeando el sistema. La obesidad, el sedentarismo y la diabetes elevan de forma directa el gasto en salud, porque multiplican las enfermedades cardiovasculares, renales y oncológicas asociadas, que requieren tratamientos prolongados, de alta complejidad y de costo creciente. La lectura para el sector no puede limitarse a celebrar la longevidad. Una población que vive más años, pero que llega a la vejez con mayor carga de enfermedades crónicas, es una población que demandará más consultas de especialidad, más cirugías de alta complejidad y más camas críticas por habitante durante más tiempo, con la consiguiente presión sobre el gasto público y privado en salud.

El propio informe OCDE advierte que Chile dispone de menos médicos (3,3 por 1.000 habitantes frente a 3,9 del promedio) y menos enfermeras (4,4 frente a 9,2) que el resto de la organización, mientras gasta menos en salud en términos absolutos por habitante (US$ 3.749 PPA, contra US$ 5.967 de promedio OCDE). Es decir, menos recursos humanos e infraestructura para atender una carga de enfermedad crónica que crece —y que encarece la atención— más rápido que en casi cualquier otro país comparable. A ese costo asistencial se suma el costo económico ya mencionado: menos días laborados y menor productividad por trabajador enfermo.

Para el sistema de salud en su conjunto este diagnóstico no es abstracto. El envejecimiento poblacional y el alza sostenida de patologías cardiovasculares, oncológicas y metabólicas —ya identificadas como la principal causa de muerte en el país— configuran una demanda creciente por prestaciones de mayor complejidad y mayor costo.

El desafío de política pública, entonces, no es solo hospitalario: es ante todo preventivo y, por esa vía, también fiscal. Mientras no se enfrenten con seriedad los determinantes de la obesidad y el sedentarismo —alimentación, actividad física, entornos urbanos—, cualquier esfuerzo por ampliar camas o formar especialistas correrá detrás de una demanda que sigue empinándose. La longevidad chilena, sin una estrategia preventiva oportuna, corre el riesgo de convertirse en una longevidad de baja calidad de vida y alto costo sanitario para el país.

Por Javier Fuenzalida, presidente Clínicas de Chile A.G.