Son muchos los que han manifestado su inquietud ante el anuncio del gobierno de enviar una indicación sustitutiva para modificar el Código de Aguas. Debieran ser muchísimos más: que el Ejecutivo pretenda entregar, a perpetuidad, los derechos de agua a algunos privados con el pretexto de estimular la inversión económica es de la mayor gravedad.

Se desconoce tajantemente el trabajo de expertos y diputados, que al menos desde 2011 trabajan transversalmente en una reforma que propicia decisiones informadas y limitaciones acordes a la necesidad de lograr un uso del agua más equitativo y sostenible. Peor aún, se desconoce la dura realidad que enfrenta Chile y el conocimiento acumulado sobre la mitigación y adaptación al cambio climático.

Las interrogantes que suscitan los modelos de desarrollo de industrias intensivas en usos de aguas, los requerimientos de agua que superan largamente la disponibilidad de muchas cuencas o la baja productividad de los pozos, requieren respuestas del conjunto de la sociedad. No se enfrentan favoreciendo, en la práctica, los incentivos económicos de los mayores consumidores industriales.

Tanto el Código de Aguas hoy vigente como el Código Civil señalan que las aguas son un bien nacional de uso público, que pertenece a la sociedad toda. Si eso es así, entonces ¿por qué las certezas jurídicas debieran ser un privilegio exclusivo de los grandes inversionistas? ¿Qué hay de la pequeña agricultura, de las reales garantías que necesita el consumo humano de agua potable y saneamiento? Los criterios económicos son apenas una dimensión de un asunto que es también social, ambiental, territorial y cultural. La responsabilidad del Estado ante la creciente incertidumbre climática es la de planificar y conducir estrategias que incluyan a todos los sectores, pero principalmente a quienes no tienen opción de resolver sus necesidades por la vía del mercado.

Para ello, es fundamental proponer soluciones basadas en información fidedigna sobre el escenario actual y futuro. El camino no es seguir agudizando un problema con instrumentos creados en tiempos de abundancia de agua; y menos tomar decisiones sin tener claridad sobre lo que ocurrirá más allá de 30 años.

El Estado puede y debe asumir un rol determinante en asegurar agua para una sociedad sustentable. Eso implica el deber de todos de estar alertas frente a malas decisiones, con consecuencias impredecibles. Parafraseando al ministro Fontaine, entre todos debemos crear las condiciones para que haya plena confianza en que el dueño de los derechos de agua siga siéndolo: Chile.