El brutal ataque que sufrió una profesora en Ñuble por parte de un menor neurodivergente evidencia una crisis sistémica y multifactorial. No sólo la desprotección y falta de condiciones materiales de los profesores y escuelas ante exigencias poco realistas de mayor inclusión, o la falta de apoyo a familias y menores que sufren de algún trastorno de salud mental. El caso expone una deuda mayor, ni reconocida ni saldada, con el profesorado. Una más profunda que la “deuda histórica” y que, afortunadamente, comienza a ser saldada por la gestión del Presidente Boric (una que mi padre no alcanzó a ver).

La deuda es reconocer que los profesores son quienes han asumido todos los costos de los cambios epocales y generacionales de nuestros tiempos; quienes padecen a diario las fallas de promover una sociedad economicista y exitista, que poco valora la cultura y sus bienes inmateriales, plagada, además, de exigencias “buenistas” que no han sabido proteger su dignidad ni legítima autoridad. Cuando todo falla -las familias, la política, las iglesias, la justicia, las ideologías y todas las autoridades- se espera aún que sean los profesores quienes logren, cual quijotes cotidianos, formar ciudadanos que aporten a la sociedad.

Y pese a que es cierto que las condiciones del profesorado son objetivamente mejores, en lo económico, que hace años -lo digo como hija de profesores de artes plásticas-, y que existen incentivos (becas) para estudiar Pedagogía, cada vez son menos quienes optan por la docencia. Y cada vez son más los profesores que abandonan la profesión y escogen otras labores menos demandantes, más lucrativas y/o de mayor reconocimiento social.

¿Por qué es más reconocido social y económicamente un ingeniero comercial, médico o abogado, que un profesor que forma a los propios hijos o a los futuros ciudadanos de un país?, ¿cuánto protegemos a los infantes y menores dejándolos al cuidado de una de las profesiones que desde hace décadas demuestra altos índices de estrés y problemas de salud mental?, ¿quién cuida a quienes educando cuidan?, ¿cuánto respetamos realmente a esas personas, a los incontables docentes, que tratan con niños y adolescentes que, además, cada vez más temprano exhiben rasgos de ansiedad, agresividad o depresión?

No será ni una medalla, ni un bono, lo que permita saldar esta deuda. Se requiere de un cambio en su valorización social de la mano de una política integral y de largo plazo; una que reconozca el drama del profesorado sin ideologizar ni demonizar al gremio, que empatice con sus flagelos, precariedades y genuinas demandas. En lo esencial, no se les ha reconocido como agentes decisivos para la cohesión social y el fomento de la paz; como actores determinantes para el desarrollo social -mucho más transformadores de vidas y prácticas sociales que la promulgación compulsiva de leyes punitivas o “buenistas” que, si bien dan votos, poco contribuyen a tejer una red de compatriotas respetuosos, curiosos, reflexivos y comprometidos con el país.

Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile