El pasado 11 de octubre, Chile fue elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La elección, caracterizada por una sorpresiva primera mayoría en la Región de Latinoamérica y del Caribe, es una demostración de la consistencia de la política exterior chilena, que trasciende a gobiernos de diverso signo político, de una diplomacia eficiente y altamente profesional, así como el prestigio internacional de nuestro país, que identifica dentro de sus intereses permanentes, como Estado, un profundo y creíble compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos.

La mebresía para los próximos tres años en el Consejo de Derechos Humanos, constituye un logro que involucra también al Gobierno del ex presidente Piñera. Efectivamente, fue durante su mandato que se presentó nuestra candidatura y dicho proyecto ha sido reforzado e implementado por nuestro Gobierno, presentándonos frente a la comunidad internacional de manera consistente y estable, incluso cuando se producen cambios de Gobierno con identidades políticas relevantemente diversas.

Pero esta consistencia y respeto de una política exterior estable, no es realmente una novedad. El compromiso de nuestro país con la democracia y los derechos humanos, como Estado, como Gobierno, como pueblo y como sociedad, es parte de nuestro patrimonio histórico.

Hace más de 70 años, la redacción y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la creación y conformación del Consejo Económico Social, antecedente histórico del actual Consejo de Derechos Humanos, contó con la participación destacada del diplomático nacional Hernán Santa Cruz. En nuestros días, los dos mecanismos especiales que el Consejo de Derechos Humanos ha creado para situaciones en la región latinoamericana y del Caribe (Venezuela y Nicaragua), en contextos de deterioro de las instituciones democráticas, de graves violaciones a los derechos humanos e incluso de eventual ocurrencia de crímenes de lesa humanidad, están también integrados por expertos chilenos.

Pero nuestro país no solo promueve internacionalmente estos valores sino que se somete aplicadamente al escrutinio internacional. En el último Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió Chile ante el Consejo de Derechos Humanos, en enero de 2019, se comprometió la implementación de 211 medidas, llegando a casi el 80% de las recomendaciones formuladas. En nuestro próximo EPU daremos cuenta de estos avances, honrando los compromisos internacionales adquiridos por la administración anterior.

Es razonable entonces atribuir la primera mayoría que obtuvo Chile, en gran parte, a una política exterior consistente y estable, así como a que la comunidad internacional reconoce nuestro compromiso con los derechos humanos como profundo, auténtico y creíble; pero no debe olvidarse que en esta elección habían otros candidatos, que fue altamente competitiva y que por ello, el despliegue de nuestra diplomacia para conquistar apoyos en diversas regiones del mundo fue fundamental para obtener la primera mayoría. El profesionalismo, la eficiencia y el comprimso de los y las diplomáticas chilenas, la mayor parte de las cuales forman parte del staff permanente de la Cancillería, fue formidable y crítico en esta elección. Esas capacidades, esos talentos y ese profesionalismo son parte central de nuestro prestigio internacional.

Por eso, este logro en nuestra política exterior no es casual y también involucra el compromiso y la acción del Gobierno. Conquistar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos requirió renuncias y sacrificios, implicó encarar conflictos que muchas veces fueron ingratos. En política y, particularmente, en relaciones internacionales y política exterior, a menudo los debates son descarnados y muchas veces existe la tentación de abandonar las prioridades basadas en valores, como lo fue nuestra candidatura al Consejo de Derechos Humanos, para evitar críticas incómodas.

El Presidente Gabriel Boric hizo -incluso ante de asumir la Presidencia- un inequívoco y explícito compromiso para una política exterior multilateralista, con un foco especial en nuestros vínculos regionales; turquesa, es decir, de responsabilidad ambiental integral; de promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y feminista. Se pueden hacer muchas y legítimas afirmaciones en el saludable y democrático ejercicio de someter al Gobierno al escrutinio y la crítica pública, ninguna de ellas podría aseverar, sin embargo, que nos hemos apartado de los valores con que nos comprometimos a orientar la política exterior.

El pasado 11 de octubre, cuando Chile obtuvo la primera mayoría regional en la elección al Consejo de Derechos Humanos, recibimos de nuevo un recordatorio de que una política exterior basada en valores es mejor que la tentación de improvisaciones basadas en eventuales coyunturas oportunistas; que la identificación de los intereses permanentes de Chile con principios superiores como la democracia y los derechos humanos, no solo hace más sólida nuestra posición en la comunidad internacional sino que, finalmente, muestra ser una estrategia inteligente, eficiente y sustentable en las relaciones internacionales de nuestro país.