Como Federación Médica de Chile –gremio que reúne a asociaciones médicas de diversas clínicas y centros de salud privados del país– vemos con preocupación cómo se sigue agudizando la crisis que afecta a las instituciones de salud previsional y al sistema de salud en su conjunto. Estamos conscientes de que las Isapres han incurrido, por años, en prácticas arbitrarias que las han dejado en muy mal pie frente a sus afiliados, autoridades, legisladores y opinión pública en general. Asimismo, consideramos que los fallos de la Corte Suprema, orientados a enfrentar estas irregularidades, se deben cumplir. Sin embargo, estamos convencidos de que es necesario evaluar la situación desde una perspectiva más amplia, buscando soluciones que permitan mantener la viabilidad del sistema en el corto plazo, para evitar la interrupción de los tratamientos de los pacientes del sector privado y, posteriormente, de manera gradual, avanzar hacia un modelo de salud mejor regulado y beneficioso para todos los chilenos.

Como Federación, consideramos que la Comisión Técnica Asesora de la Comisión de Salud del Senado cumplió a cabalidad con el mandato para el que fue convocada: generar propuestas que otorguen certeza jurídica respecto de la forma de implementar la adecuación de las tablas de factores y reducción de las primas GES, ordenada por la Corte Suprema, junto con recomendaciones que apunten a la sostenibilidad financiera del sistema, resguardando así la atención oportuna para las personas.

No obstante, el paquete de enmiendas presentado por el Ejecutivo a la Ley Corta de Isapres solo incorpora algunas de las propuestas adicionales de la Comisión, orientadas, fundamentalmente, a fortalecer Fonasa y su funcionamiento con seguros complementarios. Creemos que dichas medidas no garantizan que los pacientes que se encuentran en tratamiento puedan mantener la continuidad de ello, como tampoco se asegura la calidad de atención que han recibido hasta el momento.

Las estimaciones indican que son más de 600 mil los pacientes en tratamiento o mayores de 60 años que, bajo la actual legislación de seguros, no son elegibles para los seguros complementarios, y ni hablar de los pacientes que están en tratamientos de alto costo financiados por las Isapres y que no están contemplados en el plan de fortalecimiento de Fonasa propuesto en dicha ley. Es necesario que los usuarios, tanto de Isapres como de Fonasa, sepan que, si cae el sistema privado de salud, habrá un fuerte impacto, y los pacientes con mayor necesidad se deberán sumar a la oferta de atención que ofrece actualmente el sistema público.

El Comité Técnico Asesor planteó fórmulas que permiten cumplir con el fallo de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, dar estabilidad financiera al sistema, abriendo una oportunidad, con acuerdo transversal, para avanzar hacia una reforma integral del sistema de salud. Sin embargo, el gobierno opta por desechar tal propuesta y profundizar la crisis. Producto de ello, prevemos graves consecuencias que culminarán en una crisis sectorial, social y política de proporciones, donde, una vez más, las personas serán las más afectadas, junto con los profesionales del sector.

Por Rodrigo Julio, presidente de la Federación de Asociaciones Médicas de Salud Privada (Federación Médica de Chile)