La semana pasada, un informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) ha vuelto a poner en relieve una problemática persistente en el sector público: la existencia de 81.112 personas con contratos en dos o más organismos del Estado, recibiendo remuneraciones simultáneas. Este hallazgo se suma a una investigación previa del Instituto Libertad, que ya había detectado a más de 60 mil personas con dobles contratos entre enero y abril de este año.

Aunque tener múltiples vínculos contractuales no es necesariamente una irregularidad, esta situación genera legítimas interrogantes. Las principales dudas surgen en torno a los empleados de planta con contratos adicionales, ya que no está claro si pueden desempeñar ambas funciones de manera adecuada. Luego, independientemente de si es planta, contrata u honorarios, si las funciones permanentes estipuladas en esos contratos son susceptibles de realizar en ambos organismos, lo que refuerza la necesidad de una fiscalización rigurosa para garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

Frente a este escenario, es imperativo que la Contraloría General de la República ejerza su rol de fiscalización. Desde el Instituto Libertad, hemos entregado a este organismo toda nuestra data para que verifique si todos los casos de doble contratación cumplen con la normativa legal vigente y aclare si las jornadas de profesionales como médicos y docentes son compatibles con el cumplimiento de sus respectivos contratos, más allá de lo meramente formal.

Especial preocupación debiera ser el caso de las dobles contrataciones de personas con bajas remuneraciones. Un médico puede tener -legalmente- dos contratos de 22 horas en dos organismos diferentes, pero personas que cumplen tareas que suponen cierta dedicación cotidiana, y perciben en conjunto menos de $ 2 millones mensuales trabajando simultáneamente en dos organismos, podría revelar una forma de “hacerle un sueldo” a alguien por razones “políticas”, por lo que debiera fiscalizarse rigurosamente la naturaleza y justificación de esos contratos.

La probidad es el pilar sobre el cual debe cimentarse la gestión pública. Las alarmantes cifras de contratos simultáneos siembran dudas sobre el compromiso ético y la dedicación exclusiva que demanda el servicio público.

En este contexto, el control se revela como la herramienta indispensable para hacer efectiva la probidad. Las cifras muestran una clara deficiencia en los mecanismos de supervisión del Estado. El 22% del presupuesto del Gobierno Central y casi la mitad de los fondos municipales se destinan al pago de sueldos, en tanto una investigación del Instituto Libertad reveló que, en los últimos tres años, el empleo público en el nivel central ha aumentado al doble de lo que crece la economía.

Es imperativo modernizar los mecanismos de control y transparencia del empleo público, integrando en una plataforma única, la data que simultáneamente se entrega a la Dipres, a la Contraloría y al Consejo. Ello generaría un importante ahorro y facilitaría significativamente el control, la fiscalización y el escrutinio ciudadano.

Por Luis Pardo, Director ejecutivo Instituto Libertad