Como está visto, las prácticas corruptas pueden asomar por cualquier lado y hasta comprometer a las instituciones encargadas de elaborar o aplicar las leyes. Y cuando los abusos no son frenados a tiempo o, peor aún, cuando se cierra los ojos ante ellos, son inevitables el desprestigio y la pérdida de autoridad de las instituciones, y muy profundo el daño a las bases del régimen democrático.

No son desdeñables los diques legales que existen en nuestro país, pero está probado que todo depende de las personas que acceden a los cargos del Estado, y sobre todo de sus nociones sobre lo lícito e ilícito en la función pública. La experiencia muestra que las normas pueden ser burladas por quienes usan los cargos sin inhibiciones: por ejemplo, un senador con amplias redes de intercambio de favores en su región, o un general de Ejército desaprensivo con las platas públicas, o un ministro de Corte dispuesto a negociar sus fallos.

¿Se puede resolver el problema con mejores filtros para seleccionar a los altos cargos? No es tan sencillo, entre otras razones, porque uno de los métodos de selección es el sufragio universal, y de allí, como sabemos, puede surgir cualquier cosa. Pero, además, ningún sistema garantiza que una persona no se deje tentar por las oportunidades que van surgiendo en el camino. La naturaleza humana es escurridiza y cambiante. Por si fuera poco, las apariencias pueden engañar completamente: ciertos sacerdotes eran símbolos de virtud para mucha gente, y sucede que cojeaban moralmente de un modo abominable.

Hay que eliminar los focos de las malas prácticas, por ejemplo, el dudoso sistema de nombramiento de notarios y conservadores por parte de las Cortes de Apelaciones. No se puede transigir con la extendida práctica del tráfico de influencias. Asunto capital es impedir que las instituciones del Estado sean capturadas por partidos, empresas, agrupaciones gremiales, iglesias, logias u otros grupos corporativos. En tales casos, el interés de la Nación se diluye por la inercia de poder de los controladores.

Nada es más importante que el sentido de decencia en quienes ocupan los puestos de mando, pero las flaquezas humanas son parte del paisaje. Solo queda perfeccionar las normas a partir del principio de que nadie está por sobre la ley. O sea, los fiscales tienen que ser fiscalizados. Nunca habrá seguridad de que una persona no abusará del poder, pero hay que hacer todo lo posible para que las instituciones no caigan en manos de inescrupulosos.

La economía globalizada ha multiplicado las amenazas: ahí está el caso de la influencia corruptora de las constructoras brasileñas en la región. Hay que sacar enseñanzas de ello, para levantar barreras más eficaces a la acción de quienes compran la colaboración de funcionarios para hacer negocios ventajosos. Se trata de reducir el espacio de los delitos y reforzar la protección del interés colectivo.