La colaboración entre el Estado y la sociedad civil, que por años permitió llegar donde el aparato público no alcanzaba, atraviesa su peor momento. No por falta de recursos ni de voluntad, sino por algo más profundo: la pérdida de confianza. A más de dos años del Caso Convenios, hoy la sospecha se ha instalado como norma, y el miedo a equivocarse paraliza tanto o más que la falta de presupuesto.

Una encuesta realizada desde nuestro proyecto Sociedad en Acción en julio pasado, arrojó que casi la mitad de las fundaciones que tienen convenio con el Estado no estaban recibiendo respuesta oportuna a las rendiciones en los plazos estipulados (49%). Una proporción similar tampoco había recibido los fondos públicos comprometidos dentro de los plazos definidos (47%). Es decir, aun habiendo cumplido con sus obligaciones, los recursos no llegan. Esto tiene consecuencias: programas interrumpidos, equipos reducidos y beneficiarios sin atención. En el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, solo un tercio de convocatorias a instituciones que trabajan en infancia han sido adjudicadas, y casi un 80% de las licitaciones de residencias de 2024 ha quedado desierta, porque las OSC optan por no postular, temerosas de nuevos retrasos, sobreexigencias o de un clima institucional hostil.

El problema de fondo es la desconfianza que se ha enquistado en los niveles medios de la administración pública. Muchos funcionarios, conscientes de la presión y del escrutinio al que están expuestos, están paralizados por el temor a tomar decisiones que puedan ser interpretadas como riesgosas. Prefieren no firmar, no autorizar, no transferir. El costo de ese miedo lo pagan los más vulnerables: por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes que han sufrido graves transgresiones a sus derechos y que no cuentan con una residencia de cuidado alternativo producto de las licitaciones que quedan desiertas.

El gobierno ha presentado al menos cinco proyectos de ley para abordar esta situación. Sin embargo, se avanza con extrema lentitud en el Congreso: tres de ellos no han tenido discusión alguna. Mientras tanto, el proyecto de ley de Presupuestos 2026 repite prácticamente el mismo articulado del año anterior manteniendo disposiciones que, en la práctica, dificultan la cooperación entre el Estado y las organizaciones sociales. Es decir, el problema persiste.

La gran tarea, entonces, será restituir la confianza y el ánimo de colaboración. Esto no se logrará solo con más controles ni con nuevas leyes. Se requiere un cambio cultural dentro del Estado y un reconocimiento explícito del valor que las OSC aportan al país. De no enfrentarlo con decisión, este problema se arrastrará al próximo gobierno, profundizando la fragmentación de nuestro tejido social. Es tiempo de recuperar la confianza perdida y volver a mirar a las organizaciones de la sociedad civil como lo que son: aliadas del Estado en la tarea común de construir un Chile más justo e inclusivo.

Por Ignacio Irarrazaval y Dominique Keim, Centro de Políticas Públicas UC