SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana fue presentado el proyecto que transforma las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. A mi juicio, este en general va por el camino correcto, ya que, más que grandes transformaciones legales, se centra en cuestiones de fondo largamente esperadas.

El acceso a la justicia, particularmente en casos graves, es un derecho humano esencial, que nutre y legitima el Estado de derecho. En este sentido, elementos del proyecto, como el aseguramiento de la calidad, el llamado a soluciones colaborativas y, particularmente, el llamado al trabajo interinstitucional e interdisciplinario especializado, destacan por ser factores necesarios para un abordaje efectivo.

Lo que me parece más relevante, eso sí, son los énfasis que se pueden observar en el texto, y que dicen relación con poner el acento en los llamados derechos blandos de las víctimas; esto es, en el derecho que tienen a ser oídas, informadas, protegidas y tratadas con dignidad. Ningún cambio legal, por técnicamente perfecto que sea, puede ser exitoso, si no nos ponemos de acuerdo, como sociedad, en respetar y asegurar debidamente, estos derechos tan básicos.

La escucha, la información oportuna y en un lenguaje que sea entendido, la protección y el respeto a la dignidad inherente a toda persona que pasa por el sistema, son pilares ineludibles. Sin embargo, esto solo se logrará si además se capacita correctamente a todos aquellos que intervienen en el sistema de apoyo a víctimas, para que se entiendan y aborden de manera efectiva las necesidades particulares y específicas de cada grupo en situación de vulnerabilidad.

Joanna Heskia

Abogada