Un país que en una época presumió de serio, incluso de ser una excepcionalidad en América Latina, a menos de tres meses de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, todavía no decide si la abstención será o no sancionada. En realidad, es peor: la norma constitucional establece con claridad que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos, pero los diputados oficialistas decidieron que lo razonable es que no exista multa en caso de incumplimiento. O sea, una cámara del Congreso simplemente consideró que no era imperativo cumplir con la letra y el espíritu de la Carta Fundamental.

El tema de fondo es que el mundo “progresista” descubrió que los votantes obligados mayoritariamente no los apoyan, por tanto, lo más conveniente es desincentivar su participación eliminando la multa. Y como, al parecer, además se dieron cuenta que los extranjeros residentes tampoco los respalda, ahora consideran que es mejor dejar a los inmigrantes sin derecho a sufragio en contiendas presidenciales. El gobierno se había comprometido a restablecer la multa a los chilenos, a cambio de que los foráneos quedarán liberados de la obligatoriedad; pero igual en la Cámara de Diputados los principales partidos oficialistas decidieron no dar el acuerdo a lo comprometido por el Ejecutivo.

En resumen, la calidad de nuestra democracia, nada menos que las reglas de la participación ciudadana en la próxima elección presidencial y parlamentaria, no sólo se están discutiendo cuando la contienda ya está en marcha, sino que son objeto de una transacción en base a un mero cálculo político: les damos la multa para los chilenos, pero ustedes aceptan quitársela a los inmigrantes. El asunto es tan burdo e irracional que los partidos de gobierno están dispuestos a desincentivar la participación de los connacionales, corriendo el riesgo que la proporción de extranjeros interesados en votar aumente su peso relativo en el total de sufragios, cuando se supone que buscaban disminuir su incidencia en el resultado final.

Democracia a la medida, puro oportunismo, el mismo que ha primado en muchas de las decisiones tomadas en estos años; por ejemplo, se rechazan los proyectos en materias de seguridad cuando se está en la oposición, pero después se impulsan desde el gobierno. La legitimidad de las reglas del juego y de las instituciones se defiende o se cuestiona dependiendo del lugar que se ocupe. ¿Alguien se iba a imaginar que la izquierda chilena, la que estoicamente luchó en el siglo XX por la participación de las mujeres y de los trabajadores en los procesos electorales, ahora aspira a que vote la menor cantidad de gente posible?

La verdad es que ya nada de esto extraña; es parte de nuestro deterioro político y miseria moral. Acomodarlo todo para asegurar el poder a cualquier precio. La participación sometida al más frío de los intereses. La desafección de las mayorías como el último recurso.

Por Max Colodro, filósofo y analista político.