Pensar en una sociedad sin delito es un ejercicio inútil e ilusorio. El delito no es una anomalía radical sino un fenómeno social que nos obliga a generar respuestas de esa misma índole. La pregunta de fondo no es si existirá o no delito, sino qué nivel de prevención, control y reparación adecuados necesitamos y podemos alcanzar como país. Así, “normalizar” el país en términos de seguridad tiene más que ver con la fortaleza e integralidad de la respuesta estatal que con la eliminación definitiva del delito.

El Informe de Víctimas de Homicidio Consumado – 1er Semestre 2025 de la Subsecretaría de Prevención del Delito confirma una baja sostenida en los últimos años, interrumpiendo la tendencia al alza que encendió las alarmas hace unos años. Revertir el alza de homicidios es extremadamente difícil: la violencia letal se instala con rapidez, pero desmontarla exige perseverancia institucional, coordinación interagencial y políticas públicas consistentes. Por eso, cada punto porcentual de reducción es un logro que merece ser reconocido.

En este contexto, la noción de “normalizar” la seguridad —planteada por el ministro Cordero— debe ser entendida con justicia. No se trata de negar la existencia de la criminalidad ni de soñar con un país sin delitos, sino de estabilizar indicadores, recuperar control institucional y permitir que la vida cotidiana deje de estar dominada por el miedo. El descenso sostenido de homicidios es justamente una señal de que ese proceso de normalización está bien encaminado. Para ello debemos, además, evitar “normalizar el alarmismo”, esto es, instalar como verdad un diagnóstico permanente de calamidad que, lejos de aportar soluciones, solo erosiona la confianza en las instituciones y profundiza los miedos sociales y la percepción de inseguridad.

De ahí que resulte preocupante la proliferación de columnas y opiniones que insisten en retratar a Chile como un país fuera de control. Un ejemplo reciente es la idea de que las cárceles estarían dominadas por organizaciones criminales, como se sugirió en la discusión sobre las llamadas “celdas VIP”. Es cierto que existen problemas graves —hacinamiento, corrupción, privilegios indebidos—, pero de ahí a afirmar que el Estado ha perdido el control de las cárceles hay una distancia enorme. Basta con analizar las experiencias de los países que constantemente se citan para observar lo lejos que estamos de ellos. Así, estas afirmaciones sólo alimentan una narrativa del caos y el miedo que no se condice con la evidencia. Peor aún, probablemente sólo se traducirán en medidas y políticas importadas y poco reflexivas que buscan responder a fantasmas y miedos más que a realidades.

Reconocer los avances no implica ingenuidad. El descenso de homicidios no borra la complejidad del fenómeno ni el cambio delictual que estamos viviendo. Tampoco debiese disuadir al gobierno de actuar con urgencia para atender a la desigualdad, la segregación urbana, los mercados ilegales y la vulneración de derechos, entre otros factores, que están a la base del problema. Sí significa asumir que estamos en un punto de inflexión en el cual “normalizar” debe suponer un esfuerzo del mundo político y de la sociedad civil por entregar miradas razonadas, evitando trasladar diagnósticos y medidas de otras latitudes que poco tienen que ver con nuestra realidad.

Chile todavía enfrenta enormes desafíos, pero contar nuevamente con una baja en los homicidios es, sin duda, una buena y esperanzadora noticia, una señal de que, gradualmente, la seguridad puede normalizarse en un marco de responsabilidad y colaboración de todos los sectores.

Por Pablo Carvacho, director Laboratorio Seguridad y Justicia UC