La configuración del Estado moderno trajo consigo la separación de los poderes públicos, el término de la fragmentación territorial y la supremacía constitucional y de la ley, al menos en Occidente. Se buscaba acotar el poder discrecional de la autoridad y subordinarlo a reglas objetivas. Junto a la democracia como forma de gobierno, le dio su fisonomía actual de Estado de derecho democrático.

Chile nace como república bajo este influjo y, con situaciones de mayor o menor excepcionalidad, ha permanecido fiel a su historia, no sin dejar de experimentar la tensión entre autoridad y subordinación a la ley, incluso cuando las apariencias no lo expresen.

En la actualidad, hay señales que indican un deterioro hipócrita del Estado de derecho. Esto ha sido evidenciado por el Poder Judicial, que ha visto menguada su facultad de imperio, no solo por faltas en nombramientos judiciales o intentos de influir indebidamente en sus fallos, sino también cuando el gobierno, por consideraciones políticas, deja de aplicar mandatos contenidos en una sentencia, como ha ocurrido en el caso de la “toma” de San Antonio.

La compleja situación humana que podría surgir con el desalojo ordenado en marzo de 2024 por la Corte Suprema (y en agosto de 2023 por la Corte de Apelaciones), cuyo plazo –luego de prórrogas– venció el 4 de diciembre pasado, fue utilizada hábilmente para incumplir el fallo y, a la hora nona, presentar una expropiación del terreno que, supuestamente, resolvería el caso.

Ciertamente, existe un dilema humanitario involucrado en esta expulsión que afecta a miles de personas, incluyendo a 3.000 niños. Suena brutal. Pero, ¿cómo llegó esto a ocurrir? Por la más flagrante ineptitud del gobierno, que tras casi 4 años no fue capaz de encontrar una solución razonable y oportuna. Echar mano a sentimientos de compasión en el último momento puede producir efectos temporales que evitan la acción, pero resulta de una vulgaridad infinita, que no permite silenciar lo que hay de fondo: incapacidad y atropello del Estado de Derecho.

Agrava el problema la presencia de muchas tomas que verán en ello un modelo a seguir, naturalizando las vías de hecho como mecanismo eficaz para alcanzar respuesta. La múltiple precariedad que se advierte y la falta de soluciones habitacionales en el país revelan la persistente escasez de recursos que aún sufre una parte significativa de la población, que clama por la atención de quienes juegan con sus sueños. Mas no constituye justificación para este proceder, pues abre espacio a la demagogia y restringe el apego al orden jurídico.

Las elecciones presidenciales ofrecen una oportunidad para zanjar este camino seguido por el actual gobierno. Apoyar a la candidata Jara implica la continuidad de la conocida conducción política vigente; optar por Kast despierta la esperanza de retomar el camino de respeto al imperio de la ley y a recuperar el desarrollo económico, esenciales para superar la pobreza que aún castiga a millones de chilenos.

Es hora de restablecer nuestro pasado histórico.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario