¿Dónde está la plata? Esta es la pregunta que muchos chilenos se hacen frente a mucho dinero “público” perdido, mal gastado y abiertamente robado. Gastan como si el dinero sobrara, así gasta quien no produce. Asignan recursos públicos a cosas suntuarias, cuando hay necesidades más importantes. Financian pornografía y pseudo arte teniendo “inmorales y cuasi asesinas” listas de espera. Es de conocimiento público que roban el supuesto “dinero público” usando “fundaciones truchas”. Ese dinero es el que el Estado les quita a los chilenos desde impuestos, por lo que nos han robado a nosotros, a todos y cada uno de los chilenos.

Este método que fue inventado por los “gurús de izquierda radical” les permitió robar sin pudor, incluso los dineros asignados para los más pobres, los de los campamentos. Así han sido “los de la moral superior”, “los elegidos para cambiar el mundo”. La cifra en investigación por el traspaso a fundaciones en el denominado “Caso Convenios” asciende a $90.000 millones de pesos defraudados, lo que no es menor. A esto se agregan otros desfalcos, en Magallanes una auditoría externa en enero de 2026 detectó un desorden de $600.000 millones en el Gobierno Regional relacionado a proyectos históricos no egresados correctamente del patrimonio contable.

Por su parte, funcionarios públicos roban al Estado para financiarse vacaciones que no les corresponden desde licencias médicas falsas. El Ejecutivo dijo que perseguiría a los culpables iniciando sumarios, sin embargo, a hoy los resultados de estos procesos son nulos. No se hizo nada esperando que la opinión pública olvidara. De los 29.270 funcionarios involucrados con 40.629 licencias médicas cuestionadas, sólo se han cerrado 1.543 sumarios con resolución ejecutoriada, es decir, menos del 6%. Sólo 262 funcionarios han sido desvinculados, es decir sólo el 1% de los involucrados, lo que constata una total impunidad.

El estatuto administrativo protege a ladrones y personas poco probas, lo que claramente no era el objetivo. Esto evidencia que ese estatuto no sirve y que hay que abolirlo, Todos debieran estar bajo el código laboral. A los ladrones se los debe poder expulsar. En este caso, nadie es castigado y nadie devuelve el dinero.

Esta mega estafa le costó al estado $36.876 millones de pesos que hay que dar por perdidos. Por su parte, a febrero de 2026 la Junta Nacional de Jardines Infantiles cuenta con un monto acumulado de $31.815 millones de pesos a recuperar por irregularidades en los convenios y por arrastre de rendiciones pendientes y transferencias a entidades que no han cumplido con los programas educativos. Hay $15.000 millones en convenios con municipios y ONGs con rendiciones rechazadas. A esto se suma $463 millones por concepto de remuneraciones indebidas por licencias falsas o rechazadas que no han sido restituidos. Además de esto hay $5.000 millones que están en disputa por jardines infantiles cuyas obras fueron abandonadas o que fueron presentadas con sobrecostos injustificados.

Parece que los sobrecostos son la tónica, esta semana nos enteramos para sumarle más “pelos a la sopa” que gran parte del dinero destinado para la reconstrucción tras los incendios en la V Región no llegó a las personas. La Contraloría General de la República publicó cinco informes de auditoría que dejan en evidencia, revelan (quitan el velo para dejar ver) graves irregularidades y fallas en el uso de recursos públicos destinados a la emergencia y reconstrucción tras los incendios de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

La Contraloría calcula a febrero de 2026 un monto cuestionado por irregularidades de $1.800 millones de pesos. De hecho, hay pagos por $782 millones sin documentación que acredite la realización de los trabajos y $125 millones de pesos pagados por servicios no prestados, como es el caso de turnos de camiones tolva que nunca realizaron trabajo alguno. A esto se suman sobreprecios al Estado de entre 378% a 500% en arriendo de maquinaria pesada. Este nuevo escándalo compromete a Delegación Presidencial por fallas en la supervisión de contratos y pagos irregulares. Del mismo modo, la Municipalidad de Viña del Mar y Quilpué tendrían fallas en la gestión de ayudas y el control de los recursos percibidos. Asimismo, la municipalidad de Valparaíso cuenta con $18.000 millones de pesos sin rendir que se arrastran desde antes del mega incendio.

A esto se suma las inconsistencias y falta de respaldo en los balances financieros detectadas por la Contraloría en 73 entidades públicas ( 50 del gobierno central y 23 municipalidades por un total de $15,9 billones de pesos entre 2020 y 2024 que no han sido restituidos.

Frente a esto cabe preguntarse ¿A Dónde está la plata? ¿cómo puede ser posible que robarle al Estado no tenga consecuencias? Sólo están presos “los peces más chicos”, Polizzi y Rojo .¿ Por qué no se avanza en el caso Procultura? ¿Hay quienes políticamente no quieren que se avance? Esto parece evidente ¿Por qué los involucrados en licencias falsas o rechazadas no restituyen el dinero? ¿Puede el Estado tolerar faltas de probidad a tan amplia escala? Todas estas preguntas y más son las que se aparecen frente a una corrupción evidente. ¿Pagamos impuestos para que se los roben? No parece justo, ni lógico. “Algo anda mal en Dinamarca”.

Por Magdalena Merbilháa, periodista e historiadora.