SEÑOR DIRECTOR:

La educación pública está en una difícil encrucijada. Sería un profundo error volver a la municipalización así como avanzar sin corregir los problemas del nuevo sistema.

El caso de Atacama o los intereses que puede despertar el próximo ciclo de elecciones municipales no pueden cegarnos a la contundente evidencia que dejan cuarenta años de educación municipal. Esta no ha sido una opción atractiva para las familias considerando que entre 1980 y 2022 su matrícula disminuyó desde un 80% a un 35%. No ha sido un referente en calidad de la educación: previo a la desmunicipalización, solo el 5% de las escuelas básicas alcanzaba el desempeño “alto”. La educación municipal se ha caracterizado por un paupérrimo mantenimiento de la infraestructura, deudas millonarias, cotizaciones previsionales impagas y desequilibrios financieros a pesar de contar cada vez con más recursos. Casos extremos como Tiltil y Ancud, dan cuenta de este fracaso y en años anteriores una larga lista de municipios como San Fernando, Cerro Navia, Punta Arenas o Valparaíso.

La Nueva Educación Pública fue un acuerdo unánime como respuesta para hacerse cargo de esta situación. Por cierto, que hay aspectos positivos que destacar del nuevo sistema. Pero, tampoco es alternativa avanzar en su implementación sin corregir los problemas que dejan estos primeros años de instalación. Lo urgente es a su vez lo importante.

Es urgente fortalecer la autonomía escolar, el rol de equipos directivos, poner el foco en la innovación pedagógica y en el logro de aprendizajes. Es urgente mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los colegios; reformular la figura administrativa de los SLEP, para aliviar la carga burocrática, y propender a una gestión ágil, flexible y eficiente. Es urgente modificar los procesos de instalación y traspaso. Los Servicios no pueden heredar los problemas financieros, de sobredotación o de captura y clientelismo de la administración municipal. Es urgente concordar que las clases en los colegios públicos no pueden paralizar nunca, porque la educación es un derecho.

Hacernos cargo de esta crisis, requiere voluntad política y un compromiso país. Hacemos un llamado a concordar una agenda inmediata de medidas legislativas y de gestión para que las mejoras que necesita la educación pública se vean ahora y no en 15 o 20 años más. No basta con denunciar, tenemos que ser parte de la solución.

Francisco Jeria

Presidente del Directorio de Educación 2020