El veredicto pronunciado esta semana por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, en la causa por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en perjuicio de Gustavo Gatica, ha suscitado una serie de reacciones del propio Presidente de la República y de otros actores políticos. Más allá de las reacciones emocionales y de empatía con la víctima de los ilícitos atribuidos es necesario destacar algunos elementos que fluyen de ese pronunciamiento y que no obedecen a consideraciones políticas, sino netamente jurídicas.

En primer término, el tribunal releva el hecho de que el juzgamiento no puede alcanzar a la institución de Carabineros de Chile en su labor de resguardo del orden público, lo que resulta perfectamente congruente con el hecho de que las responsabilidades penales con siempre personales. Del mismo modo, recuerda que las reglas de uso de la fuerza con que opera Carabineros de Chile, como fuerza pública, tienen por objeto garantizar el orden y la seguridad en la sociedad como los derechos de todas las personas sin incurrir en discriminaciones arbitrarias. Este argumento, en el fondo, supone que la fuerza policial actúa en nombre y representación de la propia sociedad que anhela vivir en paz y seguridad.

En segundo lugar, el veredicto del Tribunal Oral da por plenamente acreditados los requisitos necesarios para proceder al uso extremo de la fuerza por parte de funcionarios policiales como son la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad. En cuanto al principio de gradualidad, discutido por la defensa del señor Gatica, los jueces acreditan que, en el contexto de violencia desmedida que se vivía, plenamente acreditada con testimonios audiovisuales, resultaba imposible evitar el uso de armamento antidisturbios siendo realmente ineficaz apelar a medidas de persuasión previa. Parece, entonces, que más allá de la aplicación de la Ley Naín Retamal, la fuerza de los hechos resultó concluyente.

En tercer término, la resolución judicial envuelve un relato descarnado de lo que fue el estallido social donde quedó en evidencia que, más allá de la legítima manifestación pacífica de opiniones y necesidades, existieron manifestaciones absolutamente agresivas y violentas realizadas con desprecio de la vida de funcionarios públicos y particulares como de la propiedad pública y privada. No debe pasarse por alto aquí que uno de los propios funcionarios policiales, previo al incidente que costara la visión a uno de los manifestantes, había sido incendiado por una bomba molotov.

En tiempos en que el Partido Comunista ha reivindicado el “derecho a la protesta social” a través de manifestaciones callejeras que podrían desarrollarse en el próximo período de gobierno resulta indispensable leer y sopesar este importante fallo que, fielmente apegado a la Constitución y a las leyes, ha demostrado ser una llamada de atención a lo que nunca más quisiéramos repetir en Chile.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD