En 2018, dos expertos del Comité de Derechos del Niño de Ginebra visitaron Chile para iniciar una investigación al Sename tras la denuncia por la muerte de Lissette Villa en un centro del Estado en 2016. Los antecedentes presentados incluían informes de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía. Los expertos entrevistaron a 100 personas durante una semana. Lissette tenía 11 años cuando murió.

Las conclusiones de la visita fueron rotundas. El comité determinó la existencia de sistemáticas y graves violaciones del Estado chileno a los derechos de quienes estaban bajo su cuidado en la red Sename. Concluyó que las violaciones descritas eran producto de causas estructurales que se arrastraban por 40 años. En 2022, otro informe del comité solicitó enfrentar los reclutamientos de niñas para explotación sexual que suceden alrededor de centros de protección y que son liderados por grupos criminales. Denunció la falta de respuesta de la justicia a estos casos.

Tras 46 años de una larga historia de abusos, el 12 de enero de 2026 cerró el Sename. No hay cifras oficiales de cuántos y quiénes son los niños y niñas víctimas de violencias, solo se encuentran fragmentos de esa historia, sin estadísticas consolidadas que abarquen estas cuatro décadas. Se han escrito libros, documentales, películas y series en torno al sufrimiento de quienes pasaron por el sistema. El gobierno del Presidente Boric creó en 2024 la Comisión Verdad y Niñez para recopilar testimonios de esas víctimas. Su objetivo es generar recomendaciones al Estado para reparar a los sobrevivientes y sus familias, junto con proponer garantías necesarias para que no vuelvan a ocurrir. El Presidente ha dicho que esta comisión permitirá conocer la verdad de lo sucedido y que pagará una deuda histórica del Estado con las infancias vulneradas.

El gobierno del Presidente Piñera, en marzo de 2022, promulgó la ley Sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que creó un sistema para protegerlos. El sistema está integrado por Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la administración del Estado, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las oficinas locales de niñez de las comunas del país, los nuevos servicios de Protección Especializada y de Reinserción Social Juvenil, además de los consejos consultivos de niños y adolescentes, y de la sociedad civil. Su responsabilidad legal es garantizar y proteger el goce pleno de sus derechos.

Ha terminado el Sename y el Estado chileno tiene instituciones y legislación para proteger a la infancia y adolescencia. Sin embargo, persisten situaciones críticas: redes de explotación sexual infantil, pobreza, bajos niveles de aprendizajes, casos de violencias y abuso, el rechazo de algunos alcaldes a tener residencias en sus comunas que acojan a niños y niñas, falta de atención en salud mental, listas de espera para tratamientos. La decisión política no puede aflojar y se debe exigir protección y oportunidades para niños, niñas y adolescentes.

Por Paula Walker, profesora Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile