Entre enero y agosto de este año los despidos por “necesidades de la empresa” superan los 330 mil -el mayor nivel en 5 años-, con un aumento anual de 5,5%. Con esto en mente, algunos parlamentarios han propuesto eliminar esta causal de despido como una forma de fortalecer la protección de los trabajadores. Sin embargo, su efecto práctico podría ser exactamente el contrario: debilitar el empleo formal, la competitividad y la capacidad de las empresas para sostener los puestos de trabajo que hoy existen.

Ninguna empresa quiere prescindir de sus trabajadores por gusto. La mayoría invierte años en desarrollar su talento, capacitarlo y construir relaciones de confianza. Despedir no es una decisión liviana, ocurre solo cuando la sostenibilidad del negocio lo exige. La causal de “necesidades de la empresa” es, en ese sentido, un mecanismo de ajuste necesario, porque permite que las organizaciones se adapten a los cambios del entorno económico, tecnológico o competitivo, evitando que una crisis parcial se convierta en un colapso total.

Eliminar esta herramienta equivale a inmovilizar a las empresas frente a los ciclos del mercado. Si una compañía no puede reorganizarse cuando sus ingresos caen o cuando un proyecto deja de ser rentable, el riesgo no es solo perder unos pocos empleos, es perderlos todos. La experiencia internacional muestra que la rigidez excesiva en las regulaciones laborales no fortalece el empleo, sino que lo desplaza hacia la informalidad o lo destruye.

Chile ya enfrenta un escenario exigente. Según datos de la OCDE, nuestro país tiene uno de los costos de despido más altos del grupo: para un trabajador con 10 años de antigüedad, la compensación promedio equivale a diez meses de salario, muy por encima del promedio de 3,2 del promedio de la OCDE.

Pensar que el problema del desempleo o la precariedad se resolverá eliminando una causal específica es un espejismo. Las causas del desempleo son estructurales: baja productividad, escasa capacitación, lentitud en la creación de nuevos empleos y una economía que aún no despega. Si se encarecen los costos y se restringen los márgenes de flexibilidad, las empresas simplemente contratarán menos o se crean incentivos a la informalidad.

El verdadero desafío no está en eliminar instrumentos, sino en modernizarlos con equilibrio. Chile necesita un marco laboral que proteja a las personas sin asfixiar la capacidad de las empresas para crear oportunidades. Debemos avanzar hacia un esquema de “flexiseguridad” inteligente: fortalecer las redes de apoyo y la empleabilidad de los trabajadores, mientras se promueve la innovación, la productividad y el crecimiento.

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza hacia quienes generan empleo, sino desde la colaboración. Las empresas y los trabajadores comparten un mismo destino: ambos necesitan que el país crezca, que las organizaciones prosperen y que el empleo formal siga siendo un motor de movilidad y bienestar. Debilitar esa base sería un error que, en nombre de proteger, terminaría dejando a muchos sin trabajo.

*El autor es vicepresidente de Sofofa.