Frente al Covid, hubo que tomar decisiones muy rápidas y efectivas para poder contar con mascarillas, guantes, respiradores, y de esa manera evitar lo que en Europa se denominó “el dilema de la última cama”.

Una parte sustantiva de este proceso fue establecer un solo sistema de atención público-privado, incluyendo hospitales de las Fuerzas Armadas, mutualidades, que permitió maximizar la oferta de atención y lograr en esos primeros meses prevenir un número muy alto de muertes. La colaboración entre estos dos mundos fue inédita, apropiada para las circunstancias, y cada cual fue atendido según su necesidad.

Esta experiencia demostró que una coordinación eficaz entre lo público y lo privado es capaz de producir una mejoría en los resultados de salud para toda la población. De hecho, a través de las licitaciones que hace sistemáticamente Fonasa, y en el esfuerzo que el mismo seguro público está llevando adelante para formalizar la Modalidad de Cobertura Complementaria, se da alguna opción para que sus beneficiarios reciban atención en clínicas; pero no al nivel que se requiere. Los hospitales públicos son insuficientes. El plan contemplaba 57 nuevos para el período 2022-2026. La intervención del Consejo de Monumentos Nacionales y el SEA ha sido catastrófica.

El drama de salud en Chile hoy se llama Listas de Espera. Con la normalización de este concepto se ocultan cientos de miles de personas que sufren, no pueden trabajar, mueren esperando, con un estimado que uno de cada cinco de ellos fallece por el problema de salud que los mantiene en las listas.

Hoy son 420 mil personas que necesitan una cirugía, con una demora de 302 días para las de mayor complejidad; y 2,5 millones una consulta de especialista. Naturalmente, la pandemia produjo un retraso en las atenciones; pero esa tendencia al aumento sigue aumentando sin freno. En el caso de cáncer con garantías de oportunidad retrasadas, la cifra se eleva a más de 15.000 personas, con el empeoramiento de pronóstico que ello implica. En la política actual, salud no ha sido una prioridad. Se ha intentado privilegiar todos los mecanismos de financiamiento y derivación a la red pública, y no a una integración de los escasos recursos físicos y profesionales con los que el país cuenta.

Según la encuesta CEP, después de seguridad, salud es la principal preocupación ciudadana. Ello exige dedicarse y ocuparse. ¿Cómo? 1. Restablecer una plataforma sólida de colaboración público-privada a precios conocidos, utilizando como referencia el arancel de la Modalidad Complementaria. 2. Reevaluar las listas y validar su vigencia. 3. Priorizar aquellas atenciones AUGE y no AUGE relacionadas con cáncer. 4. En la ley de presupuesto en trámite, adelantar la activación del segundo prestador para una enfermedad AUGE en forma automática y rechazar la glosa que concentra toda la discrecionalidad del financiamiento de las Redes Asistenciales al control de Fonasa, en un gesto centralizador sin precedentes. La señal de los primeros cien días será crucial.

Por Jaime Mañalich, médico