En búsqueda del tiempo perdido en el proceso constituyente



Por Pablo Fuenzalida, investigador del Centro de Estudios Públicos

Entre las distintas voces que se han levantado respecto a los restantes cinco meses para concluir la redacción de una nueva Constitución, la ex vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional (CC) Elisa Giustinianovich, preocupada por el tiempo que queda, afirmó recientemente que “sería bastante justo que nos pudieran devolver también nuestros días, que los sentimos de alguna manera ‘robados’. Lamentablemente no contamos con el apoyo del gobierno para poder iniciar como corresponde en un primer momento”. Además, agregó que “todos los plazos que nos hemos propuesto desde el primer momento, han sido cumplidos”.

¿Cuántos días “robados” debido a la inoperancia del gobierno ha sufrido la CC desde su instalación el 4 de julio de 2021? Tan solo dos, los días 5 y 6 de julio. Ya a partir del miércoles 7 de julio, la CC comenzó a sesionar regularmente.

Ahora bien, ¿cuántos días ha malgastado la CC? En vez de priorizar el trabajo sobre su pronta organización, dedicó una sesión íntegra del Pleno (8 de julio) a debatir y aprobar una declaración pública a favor de los presos de la revuelta y la desmilitarización del Wallmapu. A la semana siguiente, en vez de implementar los protocolos existentes y probados para instituciones del Estado para la prevención del coronavirus, destinó una nueva sesión plenaria a discutir y aprobar un protocolo elaborado por gremios privados del sector salud (13 de julio). Otros ejemplos cabe encontrarlos en la discusión de dos declaraciones para condenar la violencia, consumiendo gran parte del tiempo de dos sesiones plenarias (10 de noviembre y 1 de diciembre).

Respecto al cumplimiento efectivo de los plazos que la CC se autoimpuso, el registro tampoco es tan claro. Las normas provisorias que crearon las primeras comisiones de trabajo fijaron como plazo máximo para su desarrollo el de 30 días. Sin embargo, luego de la creación de cinco nuevas comisiones transitorias, solamente unas pocas comisiones, como la de Presupuesto, fueron capaces de cumplir con sus tareas en el período propuesto. Por esta razón, la Mesa Directiva tuvo que ampliar el plazo para todas las comisiones provisorias para el día 28 de agosto. Y pese a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, debió solicitar nuevas prórrogas en reiteradas ocasiones, entregando un informe ejecutivo a mediados de septiembre y su informe final recién en diciembre.

Finalmente, debido a problemas de gestión de la CC, particularmente la desidia en nombrar a las diversas secretarías técnicas de apoyo a su trabajo (como la encargada de la participación popular), la CC se vió obligada a modificar el cronograma de trabajo sobre la nueva Constitución, ampliando el plazo para recibir iniciativas constitucionales populares ante la ausencia de plataforma digital al respecto.

La inoperatividad inicial del gobierno en la gestión administrativa de infraestructura y espacios de trabajo tuvo un responsable claro, el secretario ejecutivo de la Unidad de Secretaría Administrativa de la CC dependiente de la Segpres, quien renunció al cargo. ¿Quién responde al pueblo soberano por el tiempo que la CC ha perdido?

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