SEÑOR DIRECTOR:

Un estado de excepción para la Región Metropolitana no va a solucionar la violencia urbana que vive la capital. Los militares, además de estar cumpliendo funciones que van en contra de su mandato constitucional, pues no son los llamados a enfrentar el delito, no resuelven el impacto social que tiene el narcotráfico. La violencia es una de las tantas dimensiones y la fuerza una de las herramientas que deben ser consideradas en una estrategia contra el crimen.

Lo que se vive en la Región Metropolitana es parte de una amenaza mayor y debe ser comprendido dentro del desafío que el crimen organizado plantea al Estado. Su penetración en los barrios tiene que ver con un retroceso de las instituciones y el Estado de Derecho que no se recupera con las Fuerzas Armadas desplegadas en sus calles. Tiene que ver también con la falta de procedimientos y legislación moderna que permita enfrentar una amenaza del siglo XXI, los militares tampoco resolverán aquello.

Recurrir a los estados de excepción es normalizar una excepcionalidad, desnaturalizando el instrumento y equivocando el fondo de la respuesta que se necesita. Deberíamos ver una voluntad real para enfrentar el problema y desarrollar una estrategia de recuperación del territorio donde todas las instituciones del Estado estén presentes y alineadas. Las Fuerzas Armadas no podrán solucionar un problema que debe enfrentarse con el trabajo coordinado de los tres poderes del Estado donde exista conducción política, modernización legislativa, persecución judicial y sanciones efectivas.

Pilar Lizana Toresano

Investigadora AthenaLab