Familias y elección de colegios

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación relativas a las postulaciones a través del Sistema de Admisión Escolar -que por segundo año se aplica en todas las regiones del país, y que consideró a 461.223 niños-, el 69% de las preferencias familiares en primera opción fue por los colegios particulares subvencionados y un 31% por establecimientos municipales o que están bajo dependencia de los Servicios Locales de Educación Pública, de acuerdo a la ley de la Nueva Educación Pública. Los resultados confirman una tendencia que se ha dado en los últimos años, según la cual aumenta la preferencia porcentual por esas instituciones en detrimento de los recintos de dependencia estatal -el año pasado la relación de las opciones fue de 66% y 34%, respectivamente.

A la luz de estos antecedentes, hay por de pronto un llamado de atención sobre la educación pública, que a pesar de los avances registrados en los últimos años no logra posicionarse aún en un nivel competitivo, excepto en el caso de aquellos de liceos de excelencia, los que gozan de alta aceptación. No cabe descartar que en los resultados de este año también haya incidido el largo tiempo que los establecimientos públicos -en especial aquellos que siguen bajo administración de los municipios- permanecieron sin clases presenciales, a diferencia de lo que ocurrió con los colegios privados o los particulares subvencionados. Sin que se corrijan estos espacios de ineficiencia, que aseguren continuidad de las clases -ahora es la pandemia, pero antes han sido extensas huelgas-, así como seguir dando pasos decisivos en mejorar la calidad de la educación que ofrece la oferta pública, es muy difícil suponer que se revierta esta percepción.

Las cifras también relevan que la libertad de enseñanza, la cual permite ofrecer alternativas educacionales a través de distintos proyectos que dan respuestas a los intereses e inquietudes de las familias en relación con la formación y educación de sus hijos, encuentra una importante recepción y valoración, posibilitando el ejercicio del derecho preferente de los padres por la educación de sus hijos y el derecho a escoger el establecimiento educacional,  consagrado en el actual ordenamiento constitucional.

Esto adquiere especial relevancia en momentos en que se empieza a discutir el contenido de una propuesta de nueva Constitución, donde los derechos y libertades antes mencionados no quedaron considerados dentro de los mínimos del temario que se abordaría cuando se definió el reglamento de la Convención, sin perjuicio de que igualmente podrán ser abordados a lo largo del debate constitucional. Atendido a que el sistema de provisión mixta de educación -pública y privada- que existe en el país está internalizado en las familias, tal como lo demuestra el proceso informado por el Mineduc, es fundamental no debilitar el reconocimiento y protección jurídica de que goza hoy, lo que no es excluyente con el hecho de que se puedan introducir cambios y perfeccionamientos al sistema.