En un mundo que sigue tratando de resolver diversos desafíos estructurales, el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre envió una clara señal a todos los países: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Esa frase, tan simple como contundente, debería hacer eco en América Latina y, de modo especial, en Chile.

La región enfrenta una doble presión: niveles de endeudamiento crecientes y un elevado grado de rigidez del gasto público, lo que limita la capacidad de reorientarse hacia inversión productiva, capital humano y digitalización. En ese escenario, mejorar la calidad del gasto no es un ejercicio tecnocrático; es una condición para recuperar dinamismo económico y proteger a los más vulnerables.

Chile sobresale respecto a sus vecinos: marcos fiscales sólidos, reglas de balance estructural y disciplina macro que han permitido navegar diferentes crisis. Sin embargo, estar bien no significa estar exento de desafíos. El país se encuentra en medio de un ciclo electoral presidencial y legislativo donde conviven propuestas de perfiles distintos: algunas campañas plantean recortes de gasto y disminución de impuestos; otras, reasignación de recursos sin reducir la carga tributaria; y casi todas apelan al concepto de “eficientar” el gasto público. La coincidencia en el diagnóstico, sin embargo, no asegura precisión en la solución. Es en este contexto donde la noción de gastar mejor adquiere pleno sentido. No implica renunciar a propósitos sociales y de desarrollo, sino buscar programas que demuestren impacto y que puedan sostenerse fiscalmente.

¿Qué implica gastar mejor para Chile? Primero, aumentar la flexibilidad del presupuesto, enfrentando la creciente rigidez que introducen pensiones, salud y subsidios automáticos, para liberar espacio fiscal hacia áreas con mayor retorno social y productivo. Segundo, reforzar la institucionalidad fiscal, con reglas cada vez más creíbles, mecanismos de rendición de cuentas cada vez más exigentes y, por qué no, instituciones autónomas más empoderadas (en sus atribuciones y recursos; ha habido avances en esta materia durante los últimos años, pero queda camino por recorrer). Tercero, reconocer que la sostenibilidad fiscal también importa para el bolsillo de todos: si el gasto y la deuda no se ajustan a tiempo, la percepción de riesgo país se deteriora, las tasas suben (no solo para el gobierno, sino para familias y empresas) y las condiciones de financiamiento se encarecen, comprometiendo la inversión y el crecimiento de mediano plazo.

Chile cuenta con un piso institucional que pocos países de la región poseen. Pero las ventajas no son eternas: se mantienen cuando se traducen en resultados. En un momento de decisiones relevantes, el debate fiscal no puede reducirse a la ilusión de hacer más con menos sin un plan claro.

Esta no es la primera vez que escuchamos esta frase en Chile, pero, con gastar mejor como leitmotiv, el país tiene la oportunidad de transformar disciplina y eficiencia en una narrativa de largo plazo que trascienda campañas y gobiernos. Aprovecharla dependerá de nuestra capacidad de priorizar lo que funciona, corregir lo que no y sostener el consenso fiscal que ha sido clave para nuestro desarrollo.

*El autor de la columna es economista jefe de Larraín Vial Research