Grave impacto de nuevo royalty minero

El aumento en los compromisos que el Estado ha ido sumando como consecuencia de la pandemia y la trayectoria previa del gasto público ameritan una discusión profunda sobre la necesidad de emprender un proceso de consolidación fiscal que evite amplificar el fuerte salto de la deuda pública, que según cifras de la Dipres ya alcanza al 32,9% del PIB, la cifra más alta desde 1991.

Parte de esta discusión está asociada a la carga tributaria que deben enfrentar los agentes privados, en particular las empresas. En este contexto, y cuando esta semana el Senado volvió a retomar la discusión sobre el nuevo impuesto específico a la minería, siguen sumándose las voces críticas al nuevo tributo.

En primer lugar, no deja de ser preocupante que los parlamentarios sigan insistiendo en artilugios legislativos que transgreden abiertamente la facultad exclusiva que la Constitución le confiere al Presidente de la República en materias asociadas a nuevos tributos, más allá de su supuesta temporalidad. Que se destine valioso tiempo legislativo a iniciativas inconstitucionales de origen tensiona innecesariamente la institucionalidad y socava la imagen del Congreso.

Pero el proyecto tiene problemas técnicos severos. Un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) comparó la situación que quedaría la minería chilena, de aprobarse el impuesto en discusión, en comparación con otras zonas mineras de referencia. El nuevo tributo podría elevar la carga tributaria que enfrenta una empresa chilena hasta el 85% -según el estudio del CEP-, lo que dejaría a nuestro país con los mayores tributos específicos a la minería del mundo. El problema de fondo es que el proyecto no grava las rentas operacionales, sino que es un tributo que se aplica sobre las ventas brutas y que además es creciente en función del precio del cobre. De aprobarse una iniciativa como la propuesta las empresas con menores márgenes operacionales serían las más perjudicadas y, además, sería un desincentivo para la inversión minera de mayor costo.

El proyecto, por otra parte, ha sido planteado como una respuesta para enfrentar la crisis sanitaria y de características temporales. Sin embargo, el 90% de las grandes mineras tiene un contrato con el Estado con invariabilidad tributaria hasta el 2023, por lo que difícilmente de aprobarse el nuevo royalty serviría para paliar los efectos económicos de la pandemia.

La minería ha sido uno de los principales destinos de la inversión, un motor para el crecimiento del país y una importante fuente de recursos para el Estado. Iniciativas inconstitucionales, que conllevan cargas tributarias exorbitantes y que además ni siquiera son útiles para resolver el problema que motivó su creación, deberían ser revisadas cuidadosamente en el Senado para evitar que terminen por sepultar a sectores económicos que han sido verdaderas fuentes de progreso para el país. Pero más importante aún es que los parlamentarios eviten la tentación de presentar mociones que transgreden sus atribuciones constitucionales.