La decisión de postergar la discusión del proyecto de ley de sala cuna universal ha provocado una comprensible y transversal frustración. No se trata solo de un traspié legislativo, sino de una señal preocupante sobre la relevancia que algún sector político le desconoce a los cuidados. En términos generales, el proyecto establece que las personas trabajadoras, en su calidad de madres o padres, tendrán derecho a sala cuna para sus hijos menores de dos años.

El régimen vigente, que vincula el acceso a sala cuna a la existencia de veinte o más trabajadoras mujeres en una empresa, reproduce una discriminación persistente contra las mujeres, desincentiva la contratación femenina, deja fuera a quienes se desempeñan en empleos precarios o informales, y refuerza la idea de que el cuidado es una responsabilidad privada, principalmente de las mujeres, antes que un deber social.

Esta situación se vuelve aún más crítica si se observa el contexto demográfico en el que se produce la postergación. Chile enfrenta un envejecimiento acelerado de su población y una baja sostenida de la natalidad, ya confirmada por datos oficiales. Además, una política de sala cuna universal constituye una herramienta eficaz de dinamización del mercado del trabajo, al facilitar la incorporación y permanencia laboral de las mujeres.

El proyecto de sala cuna universal intenta corregir estas situaciones. Su principal aporte es que desvincula el derecho al cuidado infantil de la mujer trabajadora y lo reconecta con la lógica de la corresponsabilidad social. No se trata únicamente de ampliar la cobertura, sino de reformular el fundamento mismo de la política pública, entendiendo el cuidado como una condición habilitante para el ejercicio efectivo del derecho al trabajo y de la igualdad sustantiva.

Los llamados “nudos” del proyecto, tales como su financiamiento, la gradualidad de implementación y la distribución de cargas entre Estado, empleadores y sistema de seguridad social, ha sido objeto de intenso debate. No obstante, hay importantes avances. Las negociaciones han permitido ajustar mecanismos de aporte, explorar fórmulas de implementación progresiva y recoger preocupaciones legítimas sobre el impacto en el empleo formal. La iniciativa ha mostrado capacidad de adaptación, precisamente porque se ha entendido que una política de cuidado sostenible requiere acuerdos amplios y responsables.

Sin dudas, la postergación actual tiene su origen el contexto político de cambio de gobierno. Sin embargo, las tensiones que esta situación pueda causar no son justificación suficiente para desplazar la solución de un tema tan urgente. Cuando el cuidado queda atrapado en la política contingente se pierde de vista su carácter de auténtica política de Estado.

Seguir aplazando esta discusión implica aceptar que el cuidado es un asunto secundario y, sin dudas, no lo es. La sala cuna universal no resolverá por sí sola la crisis de los cuidados, pero su dilación sí contribuye a perpetuarla. Y esa es una responsabilidad que el sistema político ya no puede seguir eludiendo sin costos.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado