El desarrollo del hidrógeno verde en Chile enfrenta hoy un debate necesario sobre el rol del Estado. Es razonable —y en muchos sentidos indispensable— revisar la estrategia a la luz de una realidad que ha evolucionado más lentamente de lo previsto. La competitividad del hidrógeno verde no ha avanzado al ritmo que se anticipaba, y los mercados internacionales han mostrado señales mixtas respecto de su adopción.

En este contexto, ajustar prioridades y el uso de recursos públicos no solo es prudente, sino también responsable. Esta mirada está en línea con lo que hemos planteado como miembros del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía en el proceso de actualización de la estrategia nacional: avanzar con realismo, evitando sobreexpectativas, pero sin desmantelar las capacidades que el país ha comenzado a construir.

Sin embargo, reducir el apoyo sin distinguir entre instrumentos puede generar efectos no deseados. El desafío no es simplemente “gastar menos”, sino gastar mejor. Y, en ese sentido, hay un elemento clave que no puede quedar fuera: la necesidad de activar la demanda.

Hoy, uno de los principales cuellos de botella hoy no es solo la oferta, sino la falta de mercados que permitan viabilizar los primeros proyectos a escala. Sin señales claras de demanda, los proyectos enfrentan alta incertidumbre, lo que dificulta su financiamiento y retrasa su ejecución. Es aquí donde el proyecto de ley que crea incentivos a la demanda cobra especial relevancia.

Apoyar esta iniciativa no implica desconocer restricciones fiscales ni riesgos. Responde a una lógica económica conocida: facilitar proyectos pioneros para desencadenar aprendizaje, reducción de costos y desarrollo de capacidades locales. Pero el objetivo no es solo prepararnos para cuando la demanda global se materialice. También es clave avanzar en marcos regulatorios más claros y en procesos de evaluación más eficientes, que otorguen mayor certeza a la inversión y reduzcan los tiempos de desarrollo, junto con proveer financiamiento competitivo a proyectos que son intensivos en capital.

Asimismo, la activación de la demanda puede cumplir un rol estratégico adicional: contribuir a la creación de atributos diferenciadores de sostenibilidad en nuestras principales industrias exportadoras. Incorporar hidrógeno verde donde la electrificación no es posible, o donde cumple un rol como insumo químico o agente reductor, en sectores como la minería, la energía, el forestal o el de alimentos no solo impulsa la descarbonización, sino que fortalece la competitividad en mercados cada vez más exigentes.

Además, el análisis del proyecto de ley indica que su impacto fiscal sería neutro, lo que refuerza su pertinencia. No se trata de aumentar el gasto, sino de diseñar instrumentos más efectivos que permitan destrabar inversiones y acelerar la maduración del mercado.

Chile cuenta con ventajas comparativas relevantes, pero estas no se traducirán automáticamente en ventajas competitivas. Para ello, es necesario transitar desde una etapa de expectativas hacia una de implementación, donde el Estado cumpla un rol habilitador.

Ajustar la estrategia es correcto. Abandonar la ambición, no. El desafío es equilibrar prudencia fiscal y visión de largo plazo. Y, en ese equilibrio, los incentivos a la demanda pueden ser la pieza que permita pasar del potencial a la realidad y posicionar a Chile en la pole position de esta industria emergente.

Por Marcela Angulo, Directora Universidad de Concepción en Santiago y directora de Espacio Público