Ineficiencia, indiferencia o frivolidad. Varios adjetivos se vienen a la mente cuando se habla de la construcción del Hospital El Salvador. Hace sólo días, en las páginas de La Tercera, el arquitecto Iván Poduje, denunciaba con toda razón, lo ocurrido con los atrasos del Hospital del Cáncer, donde unas lagartijas sintientes, los jardines Miyawaki -otro delirio octubrista- además, del inefable Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), tiene al Instituto Nacional del Cáncer detenido en su construcción, frente al cártel de arqueólogos, consultores que en una incestuosa relación, donde se mueven de un lado al otro del mesón, demoran obras para cobrar en UF la hora y dejar pedazos de cacharros en alguna bodega, pues no tienen ningún interés cultural. Si antes ser arqueólogo en Chile era una profesión que los padres no recomendaban estudiar, creyendo en las aventuras de Indiana Jones, hoy, puede ser tremendamente lucrativa e incluso una industria millonaria que traba proyectos.

Lo relatado por el arquitecto, afecta a 200.000 personas, mientras la construcción del nuevo hospital demora el reemplazo del vetusto edificio de 1900. Probablemente, ante el dilema de las lagartijas y los seres humanos, éstos últimos deben esperar un tratamiento para el cáncer en una carrera contra la lentitud del sistema y la muerte. Sí, a esos chilenos que cuando los contactan para finalmente hacerse una quimioterapia, la funcionaria al teléfono recibe un “perdone pero mi marido ya falleció hace 6 meses”.

Pero esto no se detiene aquí, ya que lo ocurrido en el Hospital del Cáncer, no es el único ejemplo. En Providencia, el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría se encuentran detenidos con un 96% de avance en una mezcla perfecta para que algún profesor universitario explique cómo en materia de obras y políticas públicas, la mezcla fatal de ideología, falta de criterio y negocios asociados, con evidentes conflictos de interés, se manifiestan con toda claridad.

En 2014, ambos recintos hospitalarios fueron concesionados. Al día de hoy y con el avance señalado, el gobierno sigue esperando que el hospital original, que comenzó a construirse en 1872 con la primera piedra y terminó obras en 1905, sea reemplazado por modernas instalaciones. La demora -casi como la del siglo antepasado- del nuevo Hospital El Salvador afecta hoy a 1.500.000 de habitantes pues, esa su cobertura en la Región Metropolitana.

En 2014, cuando ya circundaban los delirios de algunos sectores “que tenían una moral superior”, la crítica al sistema concesionado de hospitales y cárceles era brutal (hoy sabemos quiénes fueron los responsables y las consecuencias que ello ha tenido en salud y seguridad pública).

Incluso, la construcción de los Hospitales El Salvador por la vía de concesiones y del Sótero del Río generó una áspera polémica pública entre los ministros de la época Alberto Undurraga del MOP, quien promovía el sistema que ha había hecho grande la infraestructura de Chile, y la ministra de Salud, Helia Molina, quien auspiciaba que el Ministerio de Salud se dedicase a construir (cómo si de ello supieran algo) por vía directa. El resultado fue un “corte salomónico” entre El Salvador (concesionado) y el Sótero del Río (obra pública directa), lo que generó la deriva que ya se empezaba a oler por aquéllos años de una salud con lucro que tanto molestaba a los gremios y los políticos. Léase: Cárceles y Hospitales, dos lugares con gremios poderosos entonces. Cómo olvidar a la bancada del PS, a la cabeza con el doctor Monsalve y a los gremios del PC y el FA, haber presionado por el fin de las concesiones hospitalarias.

Pero la historia no terminó ahí (de hecho aún no termina). A la demora en la entrega de terrenos producto de una evaluación ambiental retroactiva, y los tres años en que los arqueólogos y el CMN paralizaron las obras, por pedazos de loza y fragmento de supuestas vasijas (que están guardadas en un clóset en cajas), se sumó el estallido social (por la proximidad de la obra a la zona cero de la delincuencia y destrucción) y luego la pandemia.

Todo ello demoró la obra. No fue sino hasta 2021 y luego 2023, que la concesionaria (a estas alturas se comprenderá absolutamente fuera del margen de negocio) siguió trabajando, muchas veces con financiamiento propio. Pero en 2023, un cambio de contrato liderado por el entonces Director de Concesiones (a quien la ministra de OOPP despidió hace unos meses sin motivo alguno, luego de exhibir buenos números, lo que fue reconocido por la misma, y que representa de los pocos avances que dicho ministerio puede mostrar en éste gobierno); dio luces de esperanza.

Sin embargo, el MOP nuevamente se detuvo a la espera de las órdenes de la Ministra. Hice ver éste escándalo en cartas a La Tercera y la ministra me contestó por otro diario, que el Estado no era el culpable de las demoras -como si el CMN, o el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental- por sólo nombrar algunos, fuesen organismos del mundo privado.

La Ministra agregó en su respuesta que “todo lo demás era música”. Lo que no es música y a éstas horas es incuestionable, es que por no generar una última modificación de contrato (responsabilidad de Salud) que permita poner en marcha el Hospital, para probar equipos que sólo se pueden utilizar con personas ocupando las dependencias (sistema de gases, ventilación o calefacción), aún no se pueda poner en servicio a la obra. A lo anterior, debe sumarse que ENEL demoró la conexión eléctrica, lo que afectó la ruta crítica del proyecto. Desde el Ministerio de Salud no ha habido voluntad en el avance final, y además el Gobierno aún no paga los subsidios acordados éste año a la concesionaria.

Las ministras de Salud y OO.PP. llaman a la concesionaria a cumplir los contratos cuando el Estado no lo ha hecho. Con ello, la voluntad política, si no se traduce en ejecución, no es voluntad, y en este caso, es negligencia grave con los chilenos.

Cuando el resultado es una infraestructura crítica trabada por años, lo que hay no es sólo ineficiencia, es abandono del deber.

Es necesario que el gobierno termine ambos centros de salud, para abrir sus puertas ya. Su demora, es un escándalo para la salud pública que afecta la construcción además, en efecto cascada, del nuevo Instituto Nacional de Neurocirugía. Mientras el Gobierno se debate en que hacer.

Hablamos de la salud pública de los chilenos que mueren esperando y miles de personas que anhelan, con angustia, que la política vuelva a cumplir su promesa básica: proteger la vida de los chilenos.

Por Gabriel Alemparte, abogado.