Por Daniel Zovatto, director y editor de Radar Latam 360.

Dos países (Brasil y Colombia). Dos juicios contra dos expresidentes de derecha (Jair Bolsonaro y Álvaro Uribe). Dos gobiernos hoy en manos de presidentes de izquierda (Luiz Inácio Lula da Silva Lula y Gustavo Petro). Y un mismo actor externo -el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio- lanzando acusaciones de parcialidad judicial que cruzan las fronteras de la diplomacia y se adentran peligrosa e indebidamente en los asuntos internos de países soberanos.

En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro enfrenta un cerco judicial cada vez más estrecho por múltiples causas: desde su supuesta participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 hasta el uso indebido de bienes públicos.

En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe ha sido llevado a juicio y condenado eta semana, en primera instancia, de soborno en actuación penal y fraude procesal.

En ambos casos, los procesos han seguido o están siguiendo su curso en los tribunales que regula el marco legal y constitucional de ambos países y con las garantías del debido proceso.

Sin embargo, el secretario de Estado Marco Rubio —conocido por sus vínculos con sectores conservadores de América Latina— ha optado por hacer declaraciones públicas injerencistas. Sobre el caso Uribe, aseguró que su “único crimen ha sido luchar sin cansancio por su país” y acusó a “jueces radicales” de instrumentalizar la justicia. Un mensaje que no sólo desconoce los fundamentos del caso, sino que busca deslegitimar a la rama judicial de un país hasta hace poco aliado estratégico de EE.UU., socavando su independencia y alimentando la polarización.

Lo mismo ocurrió con Bolsonaro: cuando la justicia brasileña avanzó contra él, no faltaron presiones veladas -incluidas amenazas desde la administración de Donald Trump de imponerle al país aranceles de hasta el 50% y la revocación de visas a varios ministros de la Corte Suprema de Justicia (STF)-; medidas -implementadas finalmente por el mandatario republicano este miércoles- que fueron interpretadas en Brasilia como represalia política.

¿Estamos ante una nueva forma de diplomacia judicial por parte de Washington? ¿Una en la que el respaldo ideológico a ciertos líderes pesa más que el respeto a los procesos institucionales de cada país?

Más allá de los méritos o deméritos de los casos contra Uribe y Bolsonaro -que deben dirimirse en los tribunales de sus respectivos países, sin ningún tipo de injerencia externa, y no en la prensa internacional ni en comunicados del Departamento de Estado-, lo que resulta preocupante es la disposición creciente de actores políticos estadounidenses a intervenir en debates internos de otras democracias latinoamericanas cuando estos afectan a sus aliados ideológicos.

Cabe preguntarse: ¿qué reacción tendría Estados Unidos si gobiernos de la región se pronunciaran, por ejemplo, sobre procesos judiciales que afectaran a figuras políticas prominentes de ese país, insinuando que la justicia estadounidense actúa con fines políticos? Es impensable.

Y, sin embargo, Washington -o al menos sectores influyentes de su clase política- se permite ese tipo de intervenciones sin medir sus consecuencias institucionales ni diplomáticas.

La lucha por la democracia, la independencia judicial y el Estado de derecho en América Latina no puede convertirse en una variable subordinada a los intereses de la geopolítica ideológica. Si Estados Unidos quiere fortalecer su relación con la región, debe hacerlo desde el respeto y la cooperación, no desde la interferencia ni la deslegitimación.