El país ha presenciado una serie de graves errores operativos y actos de corrupción en las filas de Gendarmería, que han posibilitado la fuga de peligrosos reclusos desde recintos carcelarios, y de detenidos desde Tribunales de Garantía, lo que, sumado al desbaratamiento de una nueva red de funcionarios penitenciarios coludidos con el crimen organizado, revela una profunda y grave crisis institucional, quizá la más profunda de su historia.

El problema de Gendarmería no es sólo de cárceles sobrepobladas, falta de recursos o de personal, sino, de su dramática pérdida de gobernanza intramuros, situación que ha permitido la instalación de numerosas bandas de crimen organizado, siendo su principal desafío recuperar el efectivo control del Estado de las cárceles, sin renunciar a la vigencia de derechos fundamentales en el trato al penado.

Según datos de la misma institución, el año 2020 el país contaba con 38.297 personas encarceladas, en circunstancias que en enero de 2026 la cifra aumentó a más de 64 mil (Chile cuenta con capacidad carcelaria cercana a 42 mil), que revela un grave hacinamiento (más de 146% de ocupación). Además, existen cerca de 1.100 bandas criminales dentro de las cárceles y, de estas, al menos 500 estarían activas delinquiendo.

En la esfera intramuros, la población penal ha ido modificando su fisonomía conductual, con reclusos más agresivos (muchos de ellos extranjeros), quienes han llegado acompañados de incivilidades y cruentas modalidades delictivas como la extorsión, la amenaza (incluso a gendarmes y sus familias), la tortura, el sicariato y el reclutamiento criminal entre reos y facciones delictivas. En suma, es claro que en Chile el encarcelamiento promueve el delito en lugar de disminuirlo.

En este distópico escenario la reciente aprobación por parte del Senado de la reforma constitucional a la gobernanza de Gendarmería -a la espera de su promulgación para ser ley de la República- es una noticia de la mayor relevancia para su futuro institucional. Se trata de una reforma pertinente, urgente y cardinal, que avanza en la idea de traspasar su dependencia, desde el Ministerio de Justicia, al Ministerio de Seguridad Pública a fin que Gendarmería sea un importante actor del sistema de justicia penal y a su vez, un eslabón esencial del sistema de seguridad en Chile.

Cabe preguntarnos ¿qué beneficios traerá para Gendarmería su cambio de dependencia? En primer lugar, se integrarán las cárceles al sistema de seguridad pública. En la actualidad, las cárceles dependen del Ministerio de Justicia, lo que conlleva un enfoque predominante jurídico-penitenciario, en cambio ahora, se le sumarán responsabilidades y recursos para combatir y desbaratar bandas criminales que operan intra muros. Al formar parte del sistema de seguridad pública, pasará a ser un eslabón de este sistema y trabajará codo a codo y al mismo nivel que Carabineros y la PDI.

Asimismo, se dará un paso adelante en la especialización de funciones, puesto que la reforma separa la seguridad penitenciaria (que pasa al Ministerio de Seguridad) de la reinserción social, que quedará a cargo de un nuevo servicio en el Ministerio de Justicia. En la especie, el cambio de dependencia propende al fortalecimiento institucional, y permite un mejor control interno y combate a la corrupción en sus filas.

Segundo, existirá una mejor coordinación con las policías y la Fiscalía, pues al depender del mismo ministerio que Carabineros y la PDI, deberán retroalimentarse directamente en materias como: inteligencia penitenciaria, seguridad y coordinación en traslados de presos y detenidos, mayor información para realizar investigaciones sobre bandas criminales, operaciones conjuntas contra redes criminales que operan desde la prisión, entre otras materias.

Tercero, la reforma constitucional avanza en la dirección correcta de imprimir disciplina y carácter policial a Gendarmería, transformándola en la práctica en una policía penitenciaria, con un estatus similar al de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir una institución jerarquizada, profesional, obediente y no deliberante, con doctrina y principios, cadena de mando, mejor control interno, indicadores, con una profesionalización de la carrera funcionaria, y dispuesta al escrutinio ciudadano y a la rendición de cuentas.

Por cierto, un desafío antiguo y latente de Gendarmería es concretar la anhelada clasificación y segregación de internos de acuerdo a su compromiso delictual. Existe consenso entre los expertos que debe existir segregación de la población penal más peligrosa, con un régimen interno especial. Establecimientos como el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) -donde están recluidos líderes de facciones criminales- son más necesarios que nunca. A su vez, aumentar la inversión en infraestructura penitenciaria a fin de descomprimir el hacinamiento y los niveles de sobrepoblación penal es otra prioridad que se debe abordar.

La violencia es consustancial al régimen cerrado de encarcelamiento. La cárcel no es el lugar ideal para resolver pacíficamente las controversias, pero este cambio otorgará mayor atención o prioridad política a la realidad penitenciaria, lo cual posibilitará mejorar las condiciones carcelarias y redefinir la misión y el rol estratégico de Gendarmería. Por su parte, el Estado podrá enfrentar de manera unitaria, coordinada, y colaborativa las nuevas amenazas y riesgos que depara la cárcel de estos tiempos. De allí la necesidad de usar el encarcelamiento como un instrumento de ultima ratio y de tener programas eficientes y eficaces de rehabilitación social. Es el momento de fortalecer la legitimidad y eficacia del monopolio de la fuerza estatal en las cárceles del país.

Por Neftalí Carabantes Hernández, ex subsecretario y director del Centro de Estudios en Seguridad, U.Central