En su reciente Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric abordó diferentes puntos en materia de educación, entre ellos la reciente aprobación de la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. La aprobación de esta Ley es sin duda, con sus aciertos y pendientes, una excelente noticia para el país. La educación de la primera infancia es fundamental, no solo porque sienta las bases del aprendizaje y desarrollo posterior, sino porque es un derecho de niños y niñas que impacta profundamente en la equidad social.

Es positivo que esta ley se haga cargo de regular la incompatibilidad de doble matrícula en establecimientos que reciben aportes del Estado, permitiendo que más niños y niñas puedan ingresar al sistema. También es especialmente valioso que se regule el funcionamiento de los programas alternativos, tan relevantes para ofrecer respuestas pertinentes y contextualizadas a las realidades diversas de las familias y sus contextos.

Sin embargo, hay un punto crítico. Uno de los componentes centrales de esta ley es que entrega más tiempo a los establecimientos y a las instituciones de educación parvularia para tramitar y obtener su reconocimiento oficial: ahora tendrán plazo hasta 2034. Si bien evita el cierre inminente de establecimientos que no logran cumplir aún con los requisitos —una amenaza que afecta actualmente al 56% de los jardines infantiles que reciben aportes del Estado, es decir, más de 2.000 centros educativos—, también significa que los impactos positivos que conlleva el reconocimiento oficial podrían tardar en materializarse hasta una década más.

Es importante recordar que la Ley N° 20.832 establece que toda sala cuna y jardín infantil que reciba aportes estatales debe contar con reconocimiento oficial. Este no es solo un trámite: asegura que el establecimiento cuente con un sostenedor responsable y calificado, con infraestructura y condiciones sanitarias adecuadas, mobiliario y material didáctico apropiado, un proyecto educativo institucional, reglamento interno y, sobre todo, personal idóneo y suficiente. Si bien entendemos que alcanzar estos estándares toma tiempo y requiere inversiones, no podemos perder de vista que estos requisitos son justamente los que garantizan que los niños y niñas estén en entornos educativos seguros, acogedores y pedagógicamente intencionados. Por lo tanto, además de extender los plazos; es urgente trabajar desde ya en medidas concretas que permitan apoyar a los establecimientos para alcanzar estos estándares, para que ningún niño o niña quede atrás en su derecho a una educación inicial de calidad.

Además, el retraso en la obtención del reconocimiento oficial tiene un impacto directo en las condiciones laborales de las educadoras y educadores. Según la Ley 20.903, que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, los beneficios como incremento del tiempo no lectivo, mejoras salariales (críticas en un sector que ya cuenta con las remuneraciones más bajas del sistema), acceso a formación continua, acompañamiento profesional en los primeros años de ejercicio, y espacios de trabajo colaborativo, solo aplican para quienes se desempeñan en establecimientos reconocidos oficialmente. Actualmente, según datos del PNUD (2023), aproximadamente un 53% de las educadoras de jardines infantiles y salas cuna ha ingresado al sistema de desarrollo profesional docente. Sin embargo, mientras no se avance en el reconocimiento oficial de todos los establecimientos, el resto queda fuera, perpetuando inequidades no solo para los niños y niñas que asisten a esos espacios, sino también para las y los profesionales que trabajan allí. Esto es especialmente injusto si consideramos que, en contraste, la mayoría de las escuelas que atienden niveles mayores de educación parvularia (NT1 y NT2) ya cuentan con reconocimiento oficial, generando así un trato desigual dentro del mismo nivel educativo.

Esta ley representa una oportunidad histórica para fortalecer la educación parvularia. Si bien la extensión de plazos y la flexibilización de requisitos son pasos necesarios para dar viabilidad al proceso, su verdadero impacto dependerá de que vayan acompañados de medidas concretas de apoyo y financiamiento. Solo así será posible que todos los establecimientos puedan avanzar en el cumplimiento de los estándares, cerrando brechas históricas de inequidad y dignificando la educación inicial como el pilar fundamental que es para nuestro país.

Por María Jesús Viviani, Académica Facultad de Educación UCJefa del Programa de Pedagogía en Educación Parvularia UC