No es sorpresa para ninguna persona compartir el diagnóstico de que Chile lleva una década estancado en donde necesita imperiosamente crecer. Esta inercia nos obliga a que, si queremos aspirar a crecer a un 4%, tengamos que mejorar nueve veces la alicaída tasa de inversión, lo cual lo convierte en un desafío gigantesco para cambiar una dinámica de complacencia.

Para entender a aquellos que han quedado escondidos detrás de un proceso de permisos, desde Sofofa hemos priorizado el levantamiento de información, que nos permita ir mejorando la discusión de política pública. En una primera etapa se logró visibilizar toda la información que está en el sistema de evaluación ambiental a través de la plataforma Prisma, la cual posee una valiosa información con respecto a más de US$ 100 mil millones de inversión detenida y tracción de más de 214 mil empleos, desplegada en línea y geográficamente.

Más allá del detalle de caso a caso de distintos proyectos, es importante poder concatenar y abarcar familias de grandes detonantes habilitantes, que son incidentes en materia de inversión y empleo. Casos como el encadenamiento productivo de los corredores bioceánicos, proyectos mineros, de infraestructura habilitante a nivel portuario y aeroportuario, proyectos de agua desalada o embalses de regadío, de energía o comunicaciones o aquellos propios de la vocación productiva forestal, de pesca o acuicultura o data centers son los llamados a mover la aguja.

Según la Corporación de Bienes de Capital (CBC), gran parte de la inversión de los próximos años (80% aproximadamente) se espera provenga de regiones fuera de la Región Metropolitana, lo cual es un elemento importante a considerar.

Ahora bien, si tuviésemos por arte de magia un modelo automático que redujese a cero los permisos en espera y los cruzara con las cifras de desempleo región por región, nos llevaría a la conclusión que fruto de los grandes proyectos en cartera presentes en la macrozona norte y Magallanes se generaría un desempleo negativo, lo cual gatillaría automáticamente desafíos mayúsculos en atracción de personal calificado, lo que también implica mejoramiento de redes de transporte, comunicación, portuaria y aeroportuaria y sobre todo de mejoramiento urbanístico de las ciudades críticas como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena-Coquimbo y Punta Arenas.

En otro contexto, si repitiéramos el mismo ejercicio del Ñuble a Coyhaique, la tasa de desempleo se reduciría en apenas un punto, lo cual habla de un problema mucho más profundo. En las regiones de la macrozona sur, si se destraban los permisos, aparece un problema subyacente de que no hay proyectos ni inversionistas relevantes que estén dispuestos a invertir. En estas regiones, el problema de seguridad unido a sucesivas aplicaciones de leyes mal implementadas (Ley Lafkenche, Ley Indígena, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) o fraccionamiento pesquero) ha ido socavando la confianza que más allá de detener proyectos en evaluación, es tan profundo que finalmente bloquea la opción a evaluar proyectos.

Si bien la permisología es probablemente el mayor escollo visible a la inversión y crecimiento, desde el punto de la política pública es relevante poder entender los problemas de fondo que requieren prioridades mucho más profundas por macrozona. Mientras en la macrozona sur, de Ñuble a Coyhaique, se requiere un compromiso irrestricto en materia de seguridad unido a un arreglo a nivel de ordenamiento jurídico e implementación de leyes. Al hacer el mismo ejercicio en la macrozona norte, la fuerte inversión minera y la consecuente cadena productiva esperada generan un fuerte impulso al mejoramiento de la conectividad aeroportuaria, integración binacional y mejoramiento a nivel de capital humano y urbanístico en sus ciudades claves.

Es de esperar que, si se avanza con iniciativas de mejora en gestión de permisos, se considere en paralelo el mejor enganche para permitir que los verdaderos detonantes a la inversión y el crecimiento ocurran.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa