¿Qué enfrentará la nueva administración de José Antonio Kast en educación? Veamos.

Es útil comenzar por el estado general de los indicadores del sistema. La asistencia y la deserción han ido mejorando desde el fin de la pandemia, pero aún no se ha recuperado del todo. A su vez, queda la preocupación, menos visible, del daño en términos de salud mental y aprendizaje de las generaciones que vivieron una parte importante de los años más críticos de su formación escolar durante la pandemia. En su minuto se habló del riesgo de una “generación perdida” (cuyos bajos resultados se observaron en el Simce de 6to básico del año 2024). Además de los esfuerzos en lectura en 2do básico que concitaron el acuerdo general de todos los candidatos a la presidencia, la calidad de la educación media es un pendiente histórico de nuestro sistema educativo, que hoy parece el espacio clave para apoyar a la generación de la pandemia antes de su egreso del sistema obligatorio. ¿Qué hacer? Poner el foco en los resultados, monitorearlos permanentemente y orientar a las escuelas hacia la mejora de la calidad. Este tipo de acciones calza perfectamente con la idea de un gobierno de emergencia en educación.

Por otro lado, la deserción no es un tema resuelto. Quienes ya desertaron (durante la pandemia, fundamentalmente) deben tener la opción de volver a la educación formal mediante una oferta educativa ajustada para ellos. Las escuelas de reingreso, abandonadas por la actual administración sin mucha explicación, pueden reactivarse mediante la tramitación de proyectos de ley que les entregan financiamiento fiscal. Esto es urgente, especialmente desde la perspectiva de la seguridad y la productividad: que jóvenes desertores retornen a la educación permite que luego puedan formalizarse en el mercado del trabajo, accediendo a beneficios sociales y aumentando sus ingresos.

Por otra parte, los próximos años estarán marcados por el avance del traspaso de la educación pública desde los municipios a nuevos servicios públicos. La complejidad del proceso ha tenido traspiés traumáticos y ha decepcionado las expectativas de sus impulsores, que pusieron demasiada confianza en la capacidad de nuestro Estado de proveer servicios. Pero esta es quizás la reforma más estudiada en educación, y dichas evaluaciones convergen en que gran parte de los problemas se derivan de déficits anteriores de la gestión municipal, y que lo mejor para no perder el foco en los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes es seguir mejorando la gestión y los procesos de traspaso, así como en entregar mayores herramientas de gestión que requieren cambios legales, algunos hoy en trámite.

Sin perjuicio de lo anterior, la educación pública ha recibido una significativa atención presupuestaria y política por parte del gobierno saliente, lo que contrasta con su impresionante capacidad de ignorar a la educación particular subvencionada, elegida por la mayoría de las familias. Como muchos otros actores del mundo privado, los colegios particulares subvencionados no piden privilegios, sino que los dejen enseñar en paz. El trabajo central es, entonces, una intervención de emergencia de la normativa que regula a los colegios, en particular de la que no trae ningún beneficio ni protección a los estudiantes. Desburocratizar y simplificar la educación es el primer paso para reactivar su dinamismo, de forma que el Mineduc trabaje para los colegios, y no al revés como ocurre hoy.

Por último y no menos importante, hay mucho trabajo pendiente en educación parvularia. El sistema mantiene una estructura institucional deficiente y adolece de fuertes discriminaciones en términos de financiamiento entre los jardines Junji y los que operan vía transferencias de fondos (VTF) por parte del Estado. La evaluación y monitoreo de la calidad han sido extremadamente lentos, demorándonos 10 años en llegar a solo el 50% de jardines con reconocimiento oficial. Más allá de la difícil solución de estos problemas, lo que se requiere es trabajo y atención sostenida en este tema, que se reafirme con una mayor asignación de recursos públicos. Dadas las restricciones presupuestarias que se enfrentarán, es evidente que estos recursos deberán salir del gasto en educación superior. El desafío de cobertura debe ser el eje de acción central.

Por Daniel Rodríguez Morales, director ejecutivo de Acción Educar