El ejercicio profesional ha mutado con la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas de información, sembrando el nerviosismo en la plaza judicial. Hoy, la práctica exige un estándar al día en jurisprudencia y doctrina; una carrera incesante por exhibir la carta maestra ante un voraz mercado jurídico.

Esa ansiedad generada por la IA tiene sus primeras ofrendas. La Tercera Sala de la Corte Suprema (CS) y el Tribunal Constitucional (TC) han sancionado a abogados que presentaron escritos apoyados en libros, autores y jurisprudencia alucinada. El Colegio de Abogados intentó contener la deriva con una guía sobre uso de IA, cuyo destino más probable es terminar resumida por un prompt en tres líneas. Mientras tanto, se instaló un principio de sospecha generalizado en los abogados. Cada presentación pasa por un primer filtro de verosimilitud que actúa como un auténtico “VAR” en el litigio.

El mercado no solo se nutre de la carta ganadora. Cada viernes, en las afueras de la CS, abultadas filas de egresados y familias abrazan el juramento como el hito del inicio de una carrera exitosa. En torno a ellos opera una microeconomía de mercaderes del templo, con fotógrafos, floristas y garzones que promocionan el desayuno de celebración. Todo conmovedor y preocupante, al preguntarnos si, como planteaba Pablo Ortúzar, no son más que sueños de cartón disfrazados de ascenso social.

En paralelo, el TC abrió un expediente de inconstitucionalidad sobre la exigencia de “buena conducta” para acceder al título de abogado. Mirado con distancia profana, el proceso resulta insólito al cuestionar un estándar ético mínimo. El fenómeno evidencia el ocaso de las profesiones liberales que servían de modelo cívico y moral por su rol social. Pretender ese estatus hoy es una osadía; renunciar a exigirlo, su liquidación definitiva.

Mientras, los tribunales naufragan en tres millones de causas anuales; las cuentas públicas exponen la radiografía del colapso. Las apelaciones de recursos de protección pasaron de 2.740 en 2013 a un récord de 34.669 en 2026, lo que representa un alza del 1.165% en trece años. A ello se suma el ahogo de los Tribunales Laborales —concebidos para la celeridad—, cuyos ingresos treparon de 96.808 en 2025 a 112.083 en 2026, lo que representa un aumento anual del 15,8% y casi el doble respecto a una década atrás; en Santiago, la agenda ya fija audiencias para 2027.

Finalmente, durante estos días conocimos el caso de un abogado que saturó el sistema ingresando 38 mil escritos en cuestión de horas con auxilio de la IA y la posterior reacción defensiva de los jueces al descubrir la maniobra.

No podemos seguir operando con ceguera ante estos fenómenos; aquí Temis sí debe quitarse la venda. El Ministerio de Justicia debe leer que se enfrenta al llamado de auxilio de un sistema en ebullición por sobredemanda, en mutación por la tecnología y en progresivo abandono ético.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, U. de Chile