Se aparece marzo y, con ello, un gran desafío para las finanzas familiares por la concentración de gastos que se deben enfrentar. Además de lo habitual, este año, los seguros obligatorios de accidentes personales (SOAP) que deben acompañar el pago de los permisos de circulación son un 35% más caros que el año pasado. En suma, significa que el costo total para la ciudadanía es de aproximadamente $20.000 millones adicionales.

La iniciativa que llevó a este encarecimiento proviene de una nueva ley, la 21.797, o “Ley Jacinta”, que amplía las restricciones para obtener licencia de conducir, definiendo 30 enfermedades como limitantes para esa función. Será necesario, además de la entrevista con el médico municipal que se hace habitualmente, aportar un certificado médico, que, sin considerar exámenes asociados, que sin duda se solicitarán, impone una carga adicional de aproximadamente $130 mil millones para todos los conductores-contribuyentes.

Al revisar la historia de la ley, se aprecia que esta moción parlamentaria es de motivación noble. Se genera a partir de la sensibilidad colectiva por la muerte de una menor a consecuencia de un choque en que el conductor de 80 años sufría una enfermedad crónica aparentemente invalidante. La discusión inicial tuvo un tono discriminatorio hacia los adultos mayores, a pesar de que los conductores jóvenes, como tasa, tienen la mayor participación en accidentes fatales (cuatro veces más que el resto) y que la muerte por accidentes de tránsito, respecto al parque automotriz, ha venido experimentando un importante descenso.

Cada vez que se legisla una iniciativa que impone mayor carga fiscal, el proyecto debe ir acompañado de un informe de la Dipres que describa el costo y las fuentes de financiamiento. Se hace necesario que un procedimiento similar sea seguido en mociones parlamentarias que pueden generar un gran gasto a la población, en el entendido de que la disponibilidad de recursos de cada familia es limitada y, en principio, los impuestos encubiertos que implican algunas de estas leyes son considerables. Cabe recordar algunas otras leyes que en el análisis que permite la distancia fueron muy onerosas y con un resultado dudoso. Ejemplo: la ley que obliga a usar un refractante amarillo cuando un vehículo se detiene en la carretera. Al valor aproximado de hoy, un costo total de $19.500 millones; gran negocio para los importadores. Otro ejemplo es la ley que obliga a contar con desfibriladores automáticos para tratar un paro cardiorrespiratorio en lugares públicos; sin una capacitación continua, la tasa de fracaso es enorme.

Es posible proponer entonces que una iniciativa legislativa que se traduzca en gasto para las personas o agentes privados sea acompañado de una evaluación económica formal, considerando todos los costos y supuestos beneficios para validar la carga vs. el beneficio que genera, y de esta manera también poder establecer una lista de prioridades.

Por Jaime Mañalich, médico