Hacia fines de 2013, Sergio Muñoz fue elegido como presidente de la Corte Suprema. En su discurso al recibir su nominación el magistrado subrayó la idea con que buscaba guiar su conducción del Poder Judicial: “El principal desafío es satisfacer las demandas ciudadanas y en nuestro trabajo siempre va a estar la persona en el centro de nuestras preocupaciones”.

Doce años después -en medio de una severa crisis de la judicatura, con tres ministros supremos destituidos y el sistema de nombramientos haciendo aguas-, la nueva presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, está en una misión bastante menos epopéyica, aunque urgente: “Recuperar la confianza pública, la credibilidad ante la sociedad, disponiendo el pleno la instrucción de sumarios disciplinarios para investigar hechos que podrían importar faltas a la probidad y que sean materia de una denuncia”.

Es imposible no notar cómo pasamos de un Poder Judicial que se planteó como un campeón del acceso, la inclusión, la tutela judicial y la democratización de la Justicia -bajo una lógica que a ratos rozó el activismo judicial-, a ser un rondín muros adentro, preocupado de la probidad de sus miembros. Esto, en momentos en que quienes interactúan con el sistema judicial se preguntan si el símbolo de la medusa que protege a los tribunales de la maldad, va a dar lugar a lo central, que es la resolución satisfactoria de las diversas causas que se resuelven en los estrados.

Desde luego, siguen pendientes varias grandes medidas que podrían devolver el prestigio al palacio de calle Compañía, tales como la extensión del sistema de seguimiento de resolución de recursos conforme sus ingresos tal cómo lo realiza la Cuarta Sala; el avance de la regulación ética desde un auto acordado hacia una regulación legal y constitucional; o el cambio del sistema de nombramientos con el propósito de poner coto a un modelo que se politiza y expone a los miembros del Poder Judicial a agentes particularmente interesados en influir en su comportamiento.

Pero ante la incapacidad del sistema político en su conjunto de tomar el toro por las astas, no queda otra que una agenda defensiva para el Poder Judicial, cuyo símbolo podría ser una escoba. Algo que está muy bien, si se trata de un auxilio higiénico, siempre que no se olvide que hay que salir pronto de ahí y encontrar un relato propositivo y de futuro, que devuelva la confianza de los chilenos en sus tribunales y que ponga en ruta el ejercicio de jurisdicción.

Es algo urgente, pues el prestigio de la judicatura está en el suelo. Así lo registra Ipsos, que en su última encuesta señala que “8 de cada 10 personas [78%] creen que los fallos judiciales en Chile están definidos por el poder y dinero de las personas involucradas”. O sea, el desfonde de la idea inicial del ministro Muñoz.

Tal vez lo que tengan en común ambas épocas -o tempora o mores- es que ninguna se ha centrado en la esencia del Poder Judicial. A esta altura, habrá que escuchar las palabras de otro expresidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, quien en su discurso de despedida del cargo en 2010 dijo, no sin nostalgia, que “sería bueno que la mayoría de las sentencias de la Corte pudieran llevar la leyenda hecho a mano, que distingue lo que es de excelencia de lo corriente”. Algo que apunta al carácter humanista del trabajo jurídico.

O quizá simplemente haya que volver a los arquetipos de la Justicia y extremar sus simbolismos, apelando, por ejemplo, a la imagen popular de ésta; en la que su femenina efigie venda sus ojos para que no sepa sobre quién caerá su espada (ni quién la nombra) y toma sus decisiones conforme una balanza calibrada con el único criterio de la ley.

Por Cristóbal Osorio, profesor de Derecho Constitucional, Universidad de Chile