El anuncio del gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast, ha generado diversas polémicas. La alta presencia de ministros sin militancia partidaria; el énfasis en perfiles técnicos por sobre trayectorias políticas, o el incumplimiento de la promesa de campaña de fusionar ministerios. Todas estas controversias, surgidas después del 20 de enero, pueden considerarse esperables en un hito de esta magnitud.

Sin embargo, hay una arista no coyuntural y que tiene que ver con la designación de Judith Marín como ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Más allá de su adscripción religiosa, Marín es una reconocida activista provida, vinculada a organizaciones que se han articulado en oposición a la despenalización del aborto en Chile. Gracias a la Teoría de la Acción Colectiva, sabemos que la emergencia de movimientos sociales genera oportunidades para el surgimiento de contramovimientos organizados. No resulta sorprendente, entonces, que a la movilización feminista por el aborto haya seguido una movilización en contra, protagonizada por actores conservadores, católicos y evangélicos, con organizaciones que desde hace más de una década impulsan el lobby antiaborto en el Congreso.

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. La literatura ha documentado procesos similares en países de la región como Estados Unidos, México, Brasil y Argentina, entre otros. En todos estos casos, esta disputa -tradicionalmente situada en el ámbito de los movimientos sociales- se instala de forma explícita en el seno del poder político. En el caso de Chile, sin embargo, no comienza con este nombramiento. Se inicia cuando una materia históricamente regulada por el Código Sanitario se politiza y pasa a formar parte de la agenda legislativa y gubernamental, desde la prescripción del aborto terapéutico por el régimen militar en 1989. La nominación de una ministra con una trayectoria activista claramente alineada en uno de los polos de este conflicto viene a consolidar ese desplazamiento.

Las implicancias de este escenario marcarán el inicio del nuevo gobierno. Tres días antes del cambio de mando, el 8 de marzo, se realizará la huelga feminista en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y es esperable que la figura de la nueva ministra esté presente en consignas y pancartas. Pero no se trata de una discusión de fe, sino de visiones de mundo irreconciliables: la defensa de derechos reproductivos y de la autonomía de las mujeres, frente a la primacía del derecho a la vida del que está por nacer y la condena del aborto.

Y aunque el propio Kast y el Partido Republicano habían señalado que este no sería un tema prioritario, el nombramiento de Judith Marín arriesga instalarlo en el centro de la agenda gubernamental, obligándolos a asumir un costo político que, hasta ahora, supuestamente iban a evitar.

Por Michelle Hafemann, Académica del Instituto de Ciencia Política UC