En una reciente entrevista, Evelyn Matthei cuestionó el Plan Nacional de Búsqueda, creado por este gobierno para esclarecer el destino final de las víctimas de la dictadura y las circunstancias de su desaparición o muerte. “Para mucha gente no es búsqueda, es venganza”– afirmó Matthei. Kaiser se sumó a la polémica. Aseguró que dicho plan, financiado “con miles de millones de pesos”, es “una estafa” y que las osamentas en poder del Servicio Médico Legal no han sido identificadas. La réplica no se hizo esperar. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, adujo que el Plan Nacional de Búsqueda no es venganza, sino verdad, justicia y memoria. Con tono pedagógico, señaló que la venganza es algo particular, equivalente a la justicia por mano propia. Lo que busca el plan–dijo– “es que sea el Estado, institucionalmente, en una función colectiva, quien desarrolle este proceso a través de sus órganos”.

¿Qué tan nítida es la frontera entre venganza y justicia? ¿La expectativa de las víctimas de lograr las condenas de quienes les han infligido graves daños es siempre un deseo de venganza? ¿Es la respuesta estatal lo que distingue la justicia de la venganza? ¿Por qué invertir tanto dinero y esfuerzo para dilucidar hechos pasados? ¿Puede un juicio u otras herramientas estatales establecer la verdad y en qué términos? Estas interrogantes no solo son pertinentes para evaluar el Plan Nacional de Búsqueda, subyacen por siglos a nuestras reflexiones morales y a la arquitectura del Estado de Derecho. Desde luego, no son preguntas de fácil respuesta.

El deseo de venganza (el trueque del dolor propio por el dolor infligido a quien nos ha hecho daño) nos persigue tanto como nuestra propia sombra. La mayoría de las víctimas de un delito, en algún momento, fantasean con que sus victimarios sufran un mal similar. A los seres humanos nos cuesta deslastrarnos del retribucionismo atávico. Por eso, muchos políticos pujan por presentarse frente a la ciudadanía como quienes tendrán la mano más dura. ¿Están promoviendo la venganza? Depende. Si azuzan la ira popular, sí lo hacen.

Pero, como dice Martha Nussbaum, la ira no siempre es venganza, puede transitar a la justicia en ciertas condiciones. La verdad y la responsabilidad promueven la justicia y el bienestar social cuando hacen saber a todos que una sociedad se toma en serio la protección de valores innegociables, como la vida, la dignidad y los derechos humanos. A través del reconocimiento público de que una grave injusticia ha ocurrido –no un infortunio, ni algo inevitable, como deslizó Matthei en una entrevista previa– y del compromiso colectivo de prevenir su repetición, la restauración y la reconciliación social son posibles. La retribución puede mudar de venganza a justicia si pone su foco en la empatía y en la compasión por el dolor de las víctimas, y las acompaña en su difícil viaje hacia la recuperación. Desde esta perspectiva, el Plan Nacional de Búsqueda no tiene precio. Es justicia, no venganza.

Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile