La crisis del Ministerio de Seguridad es una escena paradójica: se removió a una ministra por “la inexistencia de un plan”, como si el delito estuviera aguardando el anuncio de una autoridad para decidir si continúa expandiéndose.

Chile sí tiene planes de seguridad. Hay políticas nacionales, estrategias regionales, programas comunales y planes operativos policiales aprobados regularmente por el Estado. Al exigir “un plan”, ¿se esperaba que se definiera directamente qué esquinas vigilar? El populismo operativo suele terminar agotando a las mismas instituciones que luego se acusan de insuficientes.

En 2025, Carabineros realizó más de 13,3 millones de procedimientos policiales y detuvo a cerca de 369 mil personas, mientras miles de funcionarios tienen jornadas que frecuentemente superan las 60 horas semanales. Pero cada vez que la política necesita exhibir acción inmediata, la respuesta parece consistir en saturar y exigir más despliegue.

Max Weber advirtió que el Estado moderno detenta el monopolio legítimo de la coerción, pero esta jamás basta por sí sola para producir cohesión social. Cuando la política reduce la seguridad a despliegue policial, termina exigiéndole a la fuerza pública compensar un deterioro de la familia, escuela y formas elementales de socialización.

Nadie nace sabiendo cómo traficar drogas, corromper funcionarios o administrar economías ilegales. Todo se aprende. La tragedia es que Chile parece discutir obsesivamente el límite superior de la criminalidad —crimen organizado, cárceles y homicidios— mientras abandona progresivamente el origen de las trayectorias de riesgo.

El Centro de Seguridad Integral U. Finis Terrae, ha observado relaciones significativas entre deserción escolar y trayectorias tempranas de riesgo social. Cada año, aproximadamente 80 mil niños, niñas y adolescentes son derivados por Carabineros a municipios en el marco del Programa de Seguridad Integrada 24 Horas. Al contrastarlo con niveles de deserción escolar, aparecen correlaciones positivas extraordinariamente altas en 13 regiones del país.

Esa es una de las verdaderas fronteras de la seguridad futura.

El Ministerio de Seguridad no es un súper organismo persecutorio. Su función es coordinar capacidades dispersas del Estado y otorgar coherencia estratégica a instituciones que hoy operan fragmentadas.

Reducir tal complejidad al fracaso individual de una ministra es una frivolidad política. El problema de la seguridad no se resolverá mediante ministros expiatorios, documentos grandilocuentes o policías exhaustas obligadas a reemplazar el fracaso acumulado de otras agencias estatales y sociales.

Esta discusión obliga a preguntarnos cuánto de la crisis pertenece realmente al Estado y cuánto a la sociedad misma.

No hay narcotráfico sin consumidores. No hay contrabando sin compradores. No hay corrupción sin gente dispuesta a abdicar de sus obligaciones por beneficio propio.

Jean-Paul Sartre planteó que cada generación debe hacer algo con aquello que recibió. Quizá ese es nuestro drama: hemos delegando casi por completo la responsabilidad moral en instituciones coercitivas, esperando que policías y cárceles resuelvan lo que la sociedad dejó de transmitir con cultura, educación y ejemplo.

Esa es la paradoja que enfrentará el ministro Arrau. Será juzgado por una crisis cuya solución depende, en gran medida, de algo que ningún ministerio puede decretar por sí solo: la voluntad colectiva de la sociedad de volver a respetarse a sí misma.

Por Patricio Santos Poblete, Subdirector técnico del Centro de Seguridad Integral, Universidad Finis Terrae